La expulsión de Sergio Peña: Llamó «manzanas podridas» a sus propios compañeros del correísmo.
En un escenario político ecuatoriano marcado por la polarización y la lucha contra el crimen organizado, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) ha enfrentado una crisis interna que ha captado la atención nacional. El 29 de mayo de 2025, la expulsión del asambleísta Sergio Peña por apoyar la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, impulsada por el presidente Daniel Noboa, ha desatado un torbellino de críticas, acusaciones y tensiones dentro del movimiento liderado por Rafael Correa.
La Ley Urgente de Daniel Noboa: Un Proyecto Divisivo
El 17 de mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, titulado “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”. Esta iniciativa, la primera presentada a la nueva legislatura que asumió funciones el 14 de mayo, busca combatir las redes económicas de grupos criminales organizados mediante medidas financieras, tributarias y de seguridad. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran:
Reconocimiento oficial del conflicto armado interno mediante un decreto ejecutivo que identifique a los grupos criminales y autorice medidas económicas para desmantelar sus finanzas.
Creación del Bloque de Seguridad, liderado por el presidente, para coordinar acciones militares y policiales.
Penas severas de 22 a 26 años de prisión para miembros de grupos armados y de 26 a 30 años para sus líderes.
Allanamientos sin orden judicial previa, sujetos a revisión posterior, y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para agilizar juicios.
Incentivos tributarios, como deducciones de hasta el 30% en el impuesto a la renta por donaciones a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El proyecto, que debe ser tratado en un plazo de 30 días debido a su carácter de urgencia, ha sido defendido por el oficialismo liderado por Acción Democrática Nacional (ADN), que controla la Asamblea con entre 65 y 68 escaños. Sin embargo, ha enfrentado una fuerte oposición de Revolución Ciudadana.
La Crisis en Revolución Ciudadana: La Expulsión de Sergio Peña
El conflicto interno en RC estalló cuando el asambleísta Sergio Peña votó a favor del informe de primer debate de la ley en la Comisión de Desarrollo Económico el 27 de mayo de 2025, rompiendo con la decisión de la bancada de abstenerse hasta que se incorporaran sus observaciones. Esta acción desató una reacción inmediata de los líderes correístas, quienes acusaron a Peña de traición y deslealtad a los principios del movimiento.
La Reunión Decisiva y la Expulsión
El 29 de mayo, la bancada de RC se reunió con dos temas clave en la agenda: ratificar su oposición al proyecto de Noboa y decidir el futuro de Peña. Luisa González emitió un comunicado condenando el voto de Peña, afirmando que no correspondía al “criterio técnico, legal y constitucional” ni a la decisión colectiva de la bancada. González subrayó que la postura de RC era abstenerse hasta que se garantizaran modificaciones que protegieran los derechos ciudadanos.
Peña, por su parte, defendió su decisión argumentando que actuó como un “profesional con criterio propio” y que sus observaciones fueron consideradas en el informe. En un tono desafiante, criticó a los líderes dentro de RC, a quienes acusó de intentar controlar el movimiento y de anteponer intereses personales al bienestar del país. “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”, declaró Peña, intensificando la confrontación.
La respuesta de RC fue contundente. En una reunión el mismo 29 de mayo, la bancada decidió expulsar a Peña, acusándolo de “oportunismo y deslealtad”. La decisión fue comunicada por varios medios y respaldada por figuras como González y Andrés Arauz, quien sugirió someter a Peña al código de ética del movimiento por “atacar a sus propios compañeros”.
Reacciones y Contrapuntos
Peña no se quedó callado tras su expulsión. En un mensaje publicado en sus redes sociales, calificó a ciertos líderes de RC como “manzanas podridas” que se oponen a todo, incluso a medidas contra la delincuencia, y que mienten a sus militantes. “Los verdaderos traidores a la patria son quienes anteponen sus intereses personales por encima del bienestar del país”, escribió, dejando claro su desacuerdo con la dirección del movimiento.
Por su parte, la asambleísta Patricia Núñez intentó mediar, sugiriendo que la expulsión era un extremo evitable y que Peña, como legislador nuevo, necesitaba tiempo para adaptarse. Sin embargo, otros miembros, fueron más tajantes, afirmando que un voto más o menos no importaba si no estaba alineado con los principios éticos de RC.
Implicaciones Políticas para Revolución Ciudadana
La expulsión de Peña marca la segunda baja para RC en el actual período legislativo, tras la renuncia de Mónica Salazar antes del inicio de las sesiones. Con 65 asambleístas, la bancada correísta queda en desventaja numérica frente a ADN, que, junto a sus aliados, podría consolidar una mayoría absoluta de 77 escaños en la Asamblea de 151 miembros. Esta situación debilita la capacidad de RC para influir en la aprobación o rechazo de leyes.
Además, el conflicto expone tensiones internas en RC, que han sido evidentes desde las elecciones de febrero de 2025. La salida de Peña y las críticas públicas entre líderes y exmiembros reflejan una lucha por el control y la dirección del movimiento, en un momento en que la polarización con el oficialismo es más pronunciada que nunca.
El Contexto del Conflicto Armado Interno
El trasfondo de esta crisis está en el proyecto de ley de Noboa, que responde a la escalada de violencia en Ecuador. En 2024, Noboa declaró un “conflicto armado interno” para combatir a las bandas criminales, a las que calificó como “terroristas”. Aunque los homicidios disminuyeron un 15% en 2024, el 2025 ha registrado un repunte alarmante, con un promedio de un asesinato por hora, especialmente en provincias como Guayas, Esmeraldas y Manabí.
El proyecto de ley busca desmantelar las redes económicas que sustentan el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, que han generado ingresos millonarios para las bandas. Por ejemplo, en el barrio Socio Vivienda de Guayaquil, las extorsiones generan hasta USD 2 millones anuales.
Foto: Asamblea Ecuador.
La Ley Urgente de Daniel Noboa: Un Proyecto Divisivo
El 17 de mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, titulado “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”. Esta iniciativa, la primera presentada a la nueva legislatura que asumió funciones el 14 de mayo, busca combatir las redes económicas de grupos criminales organizados mediante medidas financieras, tributarias y de seguridad. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran:
Reconocimiento oficial del conflicto armado interno mediante un decreto ejecutivo que identifique a los grupos criminales y autorice medidas económicas para desmantelar sus finanzas.
Creación del Bloque de Seguridad, liderado por el presidente, para coordinar acciones militares y policiales.
Penas severas de 22 a 26 años de prisión para miembros de grupos armados y de 26 a 30 años para sus líderes.
Allanamientos sin orden judicial previa, sujetos a revisión posterior, y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para agilizar juicios.
Incentivos tributarios, como deducciones de hasta el 30% en el impuesto a la renta por donaciones a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El proyecto, que debe ser tratado en un plazo de 30 días debido a su carácter de urgencia, ha sido defendido por el oficialismo liderado por Acción Democrática Nacional (ADN), que controla la Asamblea con entre 65 y 68 escaños. Sin embargo, ha enfrentado una fuerte oposición de Revolución Ciudadana.
La Crisis en Revolución Ciudadana: La Expulsión de Sergio Peña
El conflicto interno en RC estalló cuando el asambleísta Sergio Peña votó a favor del informe de primer debate de la ley en la Comisión de Desarrollo Económico el 27 de mayo de 2025, rompiendo con la decisión de la bancada de abstenerse hasta que se incorporaran sus observaciones. Esta acción desató una reacción inmediata de los líderes correístas, quienes acusaron a Peña de traición y deslealtad a los principios del movimiento.
La Reunión Decisiva y la Expulsión
El 29 de mayo, la bancada de RC se reunió con dos temas clave en la agenda: ratificar su oposición al proyecto de Noboa y decidir el futuro de Peña. Luisa González emitió un comunicado condenando el voto de Peña, afirmando que no correspondía al “criterio técnico, legal y constitucional” ni a la decisión colectiva de la bancada. González subrayó que la postura de RC era abstenerse hasta que se garantizaran modificaciones que protegieran los derechos ciudadanos.
Peña, por su parte, defendió su decisión argumentando que actuó como un “profesional con criterio propio” y que sus observaciones fueron consideradas en el informe. En un tono desafiante, criticó a los líderes dentro de RC, a quienes acusó de intentar controlar el movimiento y de anteponer intereses personales al bienestar del país. “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”, declaró Peña, intensificando la confrontación.
La respuesta de RC fue contundente. En una reunión el mismo 29 de mayo, la bancada decidió expulsar a Peña, acusándolo de “oportunismo y deslealtad”. La decisión fue comunicada por varios medios y respaldada por figuras como González y Andrés Arauz, quien sugirió someter a Peña al código de ética del movimiento por “atacar a sus propios compañeros”.
Reacciones y Contrapuntos
Peña no se quedó callado tras su expulsión. En un mensaje publicado en sus redes sociales, calificó a ciertos líderes de RC como “manzanas podridas” que se oponen a todo, incluso a medidas contra la delincuencia, y que mienten a sus militantes. “Los verdaderos traidores a la patria son quienes anteponen sus intereses personales por encima del bienestar del país”, escribió, dejando claro su desacuerdo con la dirección del movimiento.
Por su parte, la asambleísta Patricia Núñez intentó mediar, sugiriendo que la expulsión era un extremo evitable y que Peña, como legislador nuevo, necesitaba tiempo para adaptarse. Sin embargo, otros miembros, fueron más tajantes, afirmando que un voto más o menos no importaba si no estaba alineado con los principios éticos de RC.
Implicaciones Políticas para Revolución Ciudadana
La expulsión de Peña marca la segunda baja para RC en el actual período legislativo, tras la renuncia de Mónica Salazar antes del inicio de las sesiones. Con 65 asambleístas, la bancada correísta queda en desventaja numérica frente a ADN, que, junto a sus aliados, podría consolidar una mayoría absoluta de 77 escaños en la Asamblea de 151 miembros. Esta situación debilita la capacidad de RC para influir en la aprobación o rechazo de leyes.
Además, el conflicto expone tensiones internas en RC, que han sido evidentes desde las elecciones de febrero de 2025. La salida de Peña y las críticas públicas entre líderes y exmiembros reflejan una lucha por el control y la dirección del movimiento, en un momento en que la polarización con el oficialismo es más pronunciada que nunca.
El Contexto del Conflicto Armado Interno
El trasfondo de esta crisis está en el proyecto de ley de Noboa, que responde a la escalada de violencia en Ecuador. En 2024, Noboa declaró un “conflicto armado interno” para combatir a las bandas criminales, a las que calificó como “terroristas”. Aunque los homicidios disminuyeron un 15% en 2024, el 2025 ha registrado un repunte alarmante, con un promedio de un asesinato por hora, especialmente en provincias como Guayas, Esmeraldas y Manabí.
El proyecto de ley busca desmantelar las redes económicas que sustentan el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, que han generado ingresos millonarios para las bandas. Por ejemplo, en el barrio Socio Vivienda de Guayaquil, las extorsiones generan hasta USD 2 millones anuales.
Foto: Asamblea Ecuador.
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