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Publicado el: 13/02/2012
¿Rafael Correa supo lo del hermano Fabricio?
Saber no es necesariamente tener evidencias, sino también llegar a conocer lo que se dice; y, si se tiene posibilidad y medios para hacerlo, investigar si es cierto o no.

Las sospechas de Rafael

Parece que era una preocupación suya. Son varios los que han comentado que Rafael prohibió que se atienda a Fabricio en las entidades del sector público. Este había sido un ariete en el financiamiento de la campaña del 2006.

El Ecuador, entonces, se llenó de vallas fabricadas por orden de Fabricio, cuyo costo de largo fue millonario.

Caso Ivanhoe

La primera tacha pública contra Fabricio fue porque supuestamente había estado atrás de la oferta de la empresa Ivanhoe, para que le den, por treinta años, la explotación del campo Pungarayacu –de crudo pesado– y del resto del bloque 20 de la Amazonía, que podría duplicar las reservas petroleras del Ecuador, la que se concretó en octubre del 2008.

Esa negociación llevó a la celebración de un contrato antiético e ilegal, e inexplicablemente fue direccionada en la sesión –realmente vergonzosa– de Petroecuador, de mayo 19 del 2008, con la presencia del propio presidenteRafael Correa prefirió radicalizarse contra Fabricio y ordenar la terminación unilateral de los contratos, cuando lo que procedía era su nulidad. Correa, en que se descalificó a los técnicos y funcionarios de la empresa que cuestionaban a Ivanhoe, por cuanto quienes estaban atrás de Ivanhoe habían sido prontuariados en Estados Unidos y no tenían capacidad financiera ni técnica para lo que se iba a contratar. Tan regalón resultaba ese negocio, que el rumor que se generó es que era de Fabricio.

Yo investigué esa contratación petrolera y la denuncié a la Contraloría y a la Fiscalía, pero el poder político sigue siendo más fuerte que la ética y la ley, por eso, los de Ivanhoe –y sus contactos nacionales– siguen esperando darle “precio” a la adjudicación para captar dinero de fuentes internacionales, asociarse con quienes pongan recursos, o negociarla.

De lo investigado, no encontré indicios que vinculen a Fabricio con ese negocio.

Pero, antes, en la Asamblea

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se incluyó el numeral 2, en cuanto a inhabilidades (art. 62 de la ley) para contratar con las entidades del Estado:

“2. El presidente, el vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el director ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las entidades contratantes previstas en esta ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral”.

Un día apareció la propuesta de un siguiente inciso: “tratándose de los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad se circunscribe a la entidad contratante en la que intervienen los dignatarios, funcionarios y servidores con los cuales existe el grado de consanguinidad o parentesco”.

La broma en el sitio fue: “Ese inciso es para Fabricio porque él es pariente del presidente y este no está específicamente en ninguna entidad contratante”.

La broma impidió que el agregado llegue a considerarse en serio.

La ley entró en vigencia en mayo del 2008. La reglamentación se dictó en agosto del mismo año y se reformó varias veces.

La sorpresa: el 30 de abril del 2009, cuando ya eran secretos a gritos los contratos de Fabricio, le hacen firmar –lo supongo– al presidente Correa, por Decreto Ejecutivo, la incorporación al Reglamento de un nuevo art. 101, al tenor siguiente:

“Conforme el texto del primer inciso del artículo 62 de la Ley, la inhabilidad prevista en el número 2 de dicha norma legal, en tratándose de los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad se circunscribe a la entidad contratante en la que intervienen los dignatarios, funcionarios y servidores con los cuales existe el grado de consanguinidad o parentesco”.

Lo mismo que no se consideró en la Asamblea, porque sonaba con dedicatoria para Fabricio.

Entre el 14 y el 17 de junio del 2008, Calderón y Zurita –los coautores del libro El gran Hermano–, y otros compañeros periodistas, publicaron en el Expreso la investigación ‘Fabricio Correa: el holding’, generando la reacción inmediata de los voceros del Gobierno de que por no ser contratos a nombre personal y por el texto ajustado del art. 101 del Reglamento, los contratos de Fabricio no eran ilegales, sino “quizás no éticos”.

Esa investigación es la que luego se convierte en el libro mencionado.

El cuestionamiento colectivo contra lo actuado fue tan severo, que Rafael Correa prefirió radicalizarse y ordenar la terminación unilateral de los contratos, cuando lo que procedía era su nulidad. Algún momento en que los jueces no estén a su voluntad y servicio, cuidado el Estado deba pagar indemnizaciones millonarias a Fabricio, con lo cual la terminación unilateral, como lavado de cara y manos, termina multiplicando la fortuna de Fabricio.

Los hechos y las palabras

Los hechos son mejor expresión que las palabras. Mi solidaridad con Juan Carlos Calderón y Cristhian Zurita.
 
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