La familia Correa Delgado también consta en los cables
La Embajada de Estados Unidos enQuito considera que los contratos que mantuvieron empresas vinculadas aFabricio Correa con el Estado ecuatoriano sí generan dudas sobre si existiónepotismo o se favoreció al hermano mayor del presidente Rafael Correa.
También cuestiona varias decisiones adoptadas por el primer mandatario luego de que la controversia quedó al descubierto en el 2009, y advierte que el escándalo implica un alto costo político para Correa.
Esa es la lectura que se desprende del cable Nº 215274 que el portal Wikileaks filtró a este Diario y que representa el único pronunciamiento que hasta el momento se conoce del gobierno estadounidense de Barack Obama sobre el tema, informa "El Universo".
El 6 de julio del 2009, la Embajada norteamericana comunica al Departamento de Estado de su país sobre el contenido y repercusiones de la investigación que un mes antes publicó diario Expreso.
A modo de comentario final indica: “La controversia podría tener implicaciones en la imagen de Correa, ya que pareciera que sí hubo favoritismo en los más altos niveles de su administración, que se enorgullece de combatir la corrupción”.
La investigación periodística describe las millonarias adjudicaciones que Fabricio Correa, hermano mayor del jefe de Estado, mantiene con el sector público a través de empresas o consorcios dirigidos por él o donde participa en sociedad con terceros, algunas de las cuales incluso estaban domiciliadas en Panamá, considerado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como un paraíso fiscal al no pagar impuestos.
Fabricio, quien se ha convertido en un opositor a la gestión de su hermano, niega las acusaciones de nepotismo que surgieron por el tema, pues alega que él no mantuvo contratos directos con el Estado y que las contratistas participaron y ganaron concursos públicos.
El jefe de Estado también rechaza haber conocido sobre los negocios de su hermano y reacciona con la emisión de un decreto que fija nuevas prohibiciones y pide a la Contraloría y a la Asamblea investigar.
Seis días después de la publicación periodística, Correa firma el Decreto Ejecutivo 1793 que reforma el sistema de contratación pública y exige a quienes están interesados en trabajar con el Estado a determinar quiénes son sus accionistas y quiénes están detrás de ellos. Prohíbe además contratar con compañías domiciliadas en los denominados paraísos fiscales, como Panamá.
“La decisión del presidente Correa de emitir el Decreto 1793 debido a la controversia por los contratos de su hermano fue tomada de forma apresurada”, opina la Embajada. Advierte que podría haber retaliaciones de parte de ciertos países que ya no quieran negociar con el Estado ecuatoriano.
Pero más allá de eso apunta a que la polémica siembra dos preocupaciones en el primer mandatario. Una es la falta de control del Gobierno sobre los paraísos fiscales, lo que a su vez deja al descubierto la pérdida de potenciales tributos que el Estado podría percibir. Y dos, las dudas que surgen en torno a si hubo o no nepotismo.
La Embajada opina que aunque los contratos fueron aparentemente legales, este hecho sí representa para Correa un “potencial alto costo político”.
Esta semana Fabricio Correa confesó que estaba al tanto de la postura estadounidense y que incluso en su momento envió una “carta enérgica a la embajadora” por no haber recogido su versión sino haberse limitado a replicar las noticiaspublicadas por la prensa.
“Este informe generó un reporte del Departamento de Estado que leen los congresistas y gente importante de EE.UU. y el mundo, y me llegó a mí”, aseguró Fabricio en un correo electrónico que envió el pasado miércoles a este Diario. Explicó que sus actividades proselitistas por el No a la consulta que impulsa el Ejecutivo lo tenían ocupado y que por eso no podía dar una entrevista personal.
En el correo comentó también que después de su reclamo, “la Embajada envió a un altísimo funcionario a disculparse y recoger mi versión documentada con pruebas”.
También cuestiona varias decisiones adoptadas por el primer mandatario luego de que la controversia quedó al descubierto en el 2009, y advierte que el escándalo implica un alto costo político para Correa.
Esa es la lectura que se desprende del cable Nº 215274 que el portal Wikileaks filtró a este Diario y que representa el único pronunciamiento que hasta el momento se conoce del gobierno estadounidense de Barack Obama sobre el tema, informa "El Universo".
El 6 de julio del 2009, la Embajada norteamericana comunica al Departamento de Estado de su país sobre el contenido y repercusiones de la investigación que un mes antes publicó diario Expreso.
A modo de comentario final indica: “La controversia podría tener implicaciones en la imagen de Correa, ya que pareciera que sí hubo favoritismo en los más altos niveles de su administración, que se enorgullece de combatir la corrupción”.
La investigación periodística describe las millonarias adjudicaciones que Fabricio Correa, hermano mayor del jefe de Estado, mantiene con el sector público a través de empresas o consorcios dirigidos por él o donde participa en sociedad con terceros, algunas de las cuales incluso estaban domiciliadas en Panamá, considerado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como un paraíso fiscal al no pagar impuestos.
Fabricio, quien se ha convertido en un opositor a la gestión de su hermano, niega las acusaciones de nepotismo que surgieron por el tema, pues alega que él no mantuvo contratos directos con el Estado y que las contratistas participaron y ganaron concursos públicos.
El jefe de Estado también rechaza haber conocido sobre los negocios de su hermano y reacciona con la emisión de un decreto que fija nuevas prohibiciones y pide a la Contraloría y a la Asamblea investigar.
Seis días después de la publicación periodística, Correa firma el Decreto Ejecutivo 1793 que reforma el sistema de contratación pública y exige a quienes están interesados en trabajar con el Estado a determinar quiénes son sus accionistas y quiénes están detrás de ellos. Prohíbe además contratar con compañías domiciliadas en los denominados paraísos fiscales, como Panamá.
“La decisión del presidente Correa de emitir el Decreto 1793 debido a la controversia por los contratos de su hermano fue tomada de forma apresurada”, opina la Embajada. Advierte que podría haber retaliaciones de parte de ciertos países que ya no quieran negociar con el Estado ecuatoriano.
Pero más allá de eso apunta a que la polémica siembra dos preocupaciones en el primer mandatario. Una es la falta de control del Gobierno sobre los paraísos fiscales, lo que a su vez deja al descubierto la pérdida de potenciales tributos que el Estado podría percibir. Y dos, las dudas que surgen en torno a si hubo o no nepotismo.
La Embajada opina que aunque los contratos fueron aparentemente legales, este hecho sí representa para Correa un “potencial alto costo político”.
Esta semana Fabricio Correa confesó que estaba al tanto de la postura estadounidense y que incluso en su momento envió una “carta enérgica a la embajadora” por no haber recogido su versión sino haberse limitado a replicar las noticiaspublicadas por la prensa.
“Este informe generó un reporte del Departamento de Estado que leen los congresistas y gente importante de EE.UU. y el mundo, y me llegó a mí”, aseguró Fabricio en un correo electrónico que envió el pasado miércoles a este Diario. Explicó que sus actividades proselitistas por el No a la consulta que impulsa el Ejecutivo lo tenían ocupado y que por eso no podía dar una entrevista personal.
En el correo comentó también que después de su reclamo, “la Embajada envió a un altísimo funcionario a disculparse y recoger mi versión documentada con pruebas”.
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Tags: wikileaks diario expreso Quito El universo