Hijos de funcionaria del MIES venden granola al régimen
Desde el 2009, el Régimen ha comprado más de 2 millones de toneladas de la granola, con una inversión de USD 30 millones, para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que entrega el desayuno escolar.
Este dinero se ha entregado, la mayor parte, a grandes empresas como Fortesán, Cereales Andinos, Nutrivital y Moderna Alimentos, etc. El resto del presupuesto fue entregado a cerca de una docena de microempresas y personas naturales que han vendido el producto en todo el país.
Este auge en el negocio se debe al cambio en la alimentación de los niños de las escuelas fiscales rurales y urbano marginales.
La dieta del desayuno escolar fue cambiada y se le añadió granola. Antes solamente se entregaba colada y galletas.
La modificación se concretó luego de los estudios correspondientes, para determinar el grado de nutrición infantil. “El desayuno que entregamos garantiza el 85% de las kilocalorías necesarias y el 100% de las proteínas”, explica Justo Tobar, director del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que está bajo control del Ministerio de Educación.
Por esta razón, además, se eliminó la entrega del almuerzo escolar, durante este año.
Sin embargo, la nueva dieta, según ha podido constatar este Diario en comunidades de Chimborazo, Imbabura y Carchi, ha sido cuestionada por los pequeños, los padres y maestros.
Además de las críticas por la eliminación del almuerzo, otra queja recurrente es la inclusión de la granola en el desayuno, pues es un alimento extraño que no les gusta a los niños, acostumbrados a productos de su tierra, como los chochos y quinua.
Pero las autoridades defienden el cambio por los aportes nutricionales de este alimento.
Uno de los principales proveedores de la granola es Nutrivital. Esta firma se constituyó en 1994, según su fundador, Rodolfo Garzón. Pero en los registros de la Superintendencia de Compañías, no existe un archivo a esa fecha. Aparece como creada el 12 de febrero del 2009, días después del cambio del desayuno. Tres meses más tarde, el 5 de mayo, Nutrivital recibió tres contratos.
Desde esa fecha, la compañía ha recibido 16 convenios más. Todos suman USD 8,6 millones. El último fue suscrito el 13 de octubre pasado, para la entrega de 551 990 kilos de barra de granola, por USD 1, 7 millones. Las ventas han sido mediante subasta inversa, es decir que ha ganado la oferta más barata, a través del Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop).
En el Servicio de Rentas Internas (SRI) se registra que en el 2009 Nutrivital pagó por Impuesto a la Renta USD 32,68. En la Superintendencia de Compañías se señala que la firma tiene un capital suscrito de USD 200 000.
Nutrivital pertenece a la familia Garzón Galarza. Su gerente es Xavier Garzón Galarza. Él, junto a su hermana Belén, son los principales representantes de esa empresa. Sus otros tres hermanos también son socios y parte del Directorio, según los registros de la Superintendencia.
Ellos son hijos de Mariana Galarza, coordinadora Nacional del Programa Aliméntate Ecuador, que está regido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
En entrevista con este Diario, Garzón explicó que Nutrivital es proveedora de granola, al igual que otras 19 empresas. Además, indicó que la provisión de sus productos es solamente al Ministerio de Educación y que todas las ventas se han realizado bajo el sistema de Contratación Pública, “que garantiza la transparencia”.
Mariana Galarza llegó a su cargo el 31 de enero del 2007, mediante Acuerdo Ministerial, firmado por la entonces ministra de Inclusión, Jeannette Sánchez (hoy ministra Coordinadora del Área Social). Su designación, afirma Galarza, se debió a la experiencia que tiene en nutrición (ver compartida).
En la Ley de Contratación Pública, que aprobó la Asamblea Constituyente en el 2008, se estableció la prohibición para que familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de funcionarios públicos contraten con el Estado.
El artículo 62 de esa norma establece que: “El Presidente, el Vicepresidente, los ministros y secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las entidades contratantes previstas en esta Ley; los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores” están inhabilitados para suscribir contratos con el Estado.
En abril del 2009 el presidente Rafael Correa emitió el Reglamento de Contratación Pública, que limitó la contratación a los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de la autoridad de la entidad contratante.
Galarza asegura se respetó el reglamento y que no hay ninguna ilegalidad en lo que hacen sus hijos. Pues el plan que ella dirige “no ha comprado nada a la empresa Nutrivital. Todo se ha hecho de forma transparente, están los procesos en el portal del Incop y son públicos”.
Sin embargo, el ex contralor, Marcelo Merlo, asegura que ese reglamento es ilegal, pues no puede modificar a la Ley. Por lo que considera que estos contratos no podían ser suscritos. Con él coincide Pablo Chambers, de la Veeduría que investiga los contratos que Fabricio Correa -hermano del Presidente- concretó con el Gobierno. “El reglamento no puede estar sobre la Ley. Es más, el propio Presidente pidió que se terminen unilateralmente los contratos con su hermano, reconociendo que violaban la Ley de Contratación, aunque Fabricio no tiene ningún contrato con la Presidencia, sino con otros ministerios”, señaló.
Hasta marzo del 2009, la adjudicación de los contratos estaba a cargo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Pero este Gobierno resolvió realizar las compras directamente. “Con presupuesto del Estado, el PMA cobraba un porcentaje por el trámite de adjudicación. Y ahora se resolvió hacerlo directamente”, dijo Juan Acosta, director del Programa de Provisión de Alimentos (PPA). Este plan nació en el 2007, pero empezó a operar en abril del 2009. Y se encarga de la compra de todos los productos alimenticios de los programas de Gobierno, entre ellos el PAE y el Aliméntate Ecuador.
Aunque el principal objetivo de Aliméntate Ecuador es la formación nutricional y la entrega de raciones para las familias del 40% más pobre (que están en los quintiles de pobreza 1 y 2), Aliméntate Ecuador también maneja la “planificación, el seguimiento a las actividades de desayuno escolar en base a un criterio de selección de beneficiarios. Seguimiento de su implementación y su evaluación”.
Acosta reconoce que entre los programas Alimentación Escolar y Aliméntate Ecuador existe interacción. Aliméntate Ecuador -coordinado por Galarza- debe mejorar la calidad de nutrición de los ecuatorianos, y eso incluye a los niños en edad escolar. “Si el PAE determina que algún escolar no está dentro de los parámetros normales de nutrición y desarrollo (peso y talla) se disparan alertas, para que Aliméntate Ecuador o el Ministerio de Salud intervengan con ese niño”, sostuvo.
Este dinero se ha entregado, la mayor parte, a grandes empresas como Fortesán, Cereales Andinos, Nutrivital y Moderna Alimentos, etc. El resto del presupuesto fue entregado a cerca de una docena de microempresas y personas naturales que han vendido el producto en todo el país.
Este auge en el negocio se debe al cambio en la alimentación de los niños de las escuelas fiscales rurales y urbano marginales.
La dieta del desayuno escolar fue cambiada y se le añadió granola. Antes solamente se entregaba colada y galletas.
La modificación se concretó luego de los estudios correspondientes, para determinar el grado de nutrición infantil. “El desayuno que entregamos garantiza el 85% de las kilocalorías necesarias y el 100% de las proteínas”, explica Justo Tobar, director del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que está bajo control del Ministerio de Educación.
Por esta razón, además, se eliminó la entrega del almuerzo escolar, durante este año.
Sin embargo, la nueva dieta, según ha podido constatar este Diario en comunidades de Chimborazo, Imbabura y Carchi, ha sido cuestionada por los pequeños, los padres y maestros.
Además de las críticas por la eliminación del almuerzo, otra queja recurrente es la inclusión de la granola en el desayuno, pues es un alimento extraño que no les gusta a los niños, acostumbrados a productos de su tierra, como los chochos y quinua.
Pero las autoridades defienden el cambio por los aportes nutricionales de este alimento.
Uno de los principales proveedores de la granola es Nutrivital. Esta firma se constituyó en 1994, según su fundador, Rodolfo Garzón. Pero en los registros de la Superintendencia de Compañías, no existe un archivo a esa fecha. Aparece como creada el 12 de febrero del 2009, días después del cambio del desayuno. Tres meses más tarde, el 5 de mayo, Nutrivital recibió tres contratos.
Desde esa fecha, la compañía ha recibido 16 convenios más. Todos suman USD 8,6 millones. El último fue suscrito el 13 de octubre pasado, para la entrega de 551 990 kilos de barra de granola, por USD 1, 7 millones. Las ventas han sido mediante subasta inversa, es decir que ha ganado la oferta más barata, a través del Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop).
En el Servicio de Rentas Internas (SRI) se registra que en el 2009 Nutrivital pagó por Impuesto a la Renta USD 32,68. En la Superintendencia de Compañías se señala que la firma tiene un capital suscrito de USD 200 000.
Nutrivital pertenece a la familia Garzón Galarza. Su gerente es Xavier Garzón Galarza. Él, junto a su hermana Belén, son los principales representantes de esa empresa. Sus otros tres hermanos también son socios y parte del Directorio, según los registros de la Superintendencia.
Ellos son hijos de Mariana Galarza, coordinadora Nacional del Programa Aliméntate Ecuador, que está regido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
En entrevista con este Diario, Garzón explicó que Nutrivital es proveedora de granola, al igual que otras 19 empresas. Además, indicó que la provisión de sus productos es solamente al Ministerio de Educación y que todas las ventas se han realizado bajo el sistema de Contratación Pública, “que garantiza la transparencia”.
Mariana Galarza llegó a su cargo el 31 de enero del 2007, mediante Acuerdo Ministerial, firmado por la entonces ministra de Inclusión, Jeannette Sánchez (hoy ministra Coordinadora del Área Social). Su designación, afirma Galarza, se debió a la experiencia que tiene en nutrición (ver compartida).
En la Ley de Contratación Pública, que aprobó la Asamblea Constituyente en el 2008, se estableció la prohibición para que familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de funcionarios públicos contraten con el Estado.
El artículo 62 de esa norma establece que: “El Presidente, el Vicepresidente, los ministros y secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las entidades contratantes previstas en esta Ley; los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores” están inhabilitados para suscribir contratos con el Estado.
En abril del 2009 el presidente Rafael Correa emitió el Reglamento de Contratación Pública, que limitó la contratación a los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de la autoridad de la entidad contratante.
Galarza asegura se respetó el reglamento y que no hay ninguna ilegalidad en lo que hacen sus hijos. Pues el plan que ella dirige “no ha comprado nada a la empresa Nutrivital. Todo se ha hecho de forma transparente, están los procesos en el portal del Incop y son públicos”.
Sin embargo, el ex contralor, Marcelo Merlo, asegura que ese reglamento es ilegal, pues no puede modificar a la Ley. Por lo que considera que estos contratos no podían ser suscritos. Con él coincide Pablo Chambers, de la Veeduría que investiga los contratos que Fabricio Correa -hermano del Presidente- concretó con el Gobierno. “El reglamento no puede estar sobre la Ley. Es más, el propio Presidente pidió que se terminen unilateralmente los contratos con su hermano, reconociendo que violaban la Ley de Contratación, aunque Fabricio no tiene ningún contrato con la Presidencia, sino con otros ministerios”, señaló.
Hasta marzo del 2009, la adjudicación de los contratos estaba a cargo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Pero este Gobierno resolvió realizar las compras directamente. “Con presupuesto del Estado, el PMA cobraba un porcentaje por el trámite de adjudicación. Y ahora se resolvió hacerlo directamente”, dijo Juan Acosta, director del Programa de Provisión de Alimentos (PPA). Este plan nació en el 2007, pero empezó a operar en abril del 2009. Y se encarga de la compra de todos los productos alimenticios de los programas de Gobierno, entre ellos el PAE y el Aliméntate Ecuador.
Aunque el principal objetivo de Aliméntate Ecuador es la formación nutricional y la entrega de raciones para las familias del 40% más pobre (que están en los quintiles de pobreza 1 y 2), Aliméntate Ecuador también maneja la “planificación, el seguimiento a las actividades de desayuno escolar en base a un criterio de selección de beneficiarios. Seguimiento de su implementación y su evaluación”.
Acosta reconoce que entre los programas Alimentación Escolar y Aliméntate Ecuador existe interacción. Aliméntate Ecuador -coordinado por Galarza- debe mejorar la calidad de nutrición de los ecuatorianos, y eso incluye a los niños en edad escolar. “Si el PAE determina que algún escolar no está dentro de los parámetros normales de nutrición y desarrollo (peso y talla) se disparan alertas, para que Aliméntate Ecuador o el Ministerio de Salud intervengan con ese niño”, sostuvo.
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