Una hacienda productiva fue expropiada
A pesar de que se encontraba en plena actividad productiva agrícola y ganadera, la hacienda San Antonio de Valencia, ubicada en el sector Tucuso, parroquia Machachi (Pichincha), fue expropiada con el aval del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (Magap).
El estado productivo del predio de 916 hectáreas fue constatado y certificado por los peritos Ramiro Guaita y Eduardo Montenegro, del ex Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), actual Subsecretaría de Tierras.
Ellos señalan en su informe técnico, que consta en el memorando Nº 00037 de 25 de enero del 2008, que "el predio materia de la diligencia de expropiación se encuentra debidamente explotado, con cultivos de ciclo corto y pastos. Cuenta con una ganadería lechera, con ordeño mecánico y su respectiva infraestructura, existiendo ganado bravo y caballar". Agrega que el predio está administrado por Telmo Cevallos, con la asistencia de Luis Vilatuña y Carlos Ortiz Santos, mayordomos. Y se especifica la topografía del predio: plano 20%, ondulado 40% y quebradas 40%.
Además, los técnicos verificaron que había maquinaria y equipo como: tractor agrícola, rastra, surcadoras, cosechadora de maíz y otros, en buen estado. Estos bienes pertenecen a la familia Cevallos Guayasamín, que ha permanecido en posesión de la hacienda desde 1983. Juan Cevallos, hijo de Telmo Cevallos, estima que el monto de los bienes muebles y semovientes de su propiedad y que permanecen en la hacienda asciende a USD 800 000.
No obstante, contradiciendo esa constatación y lo que dice la Ley de Desarrollo Agrario (solo se expropiarán los bienes improductivos), el INDA resolvió expropiar el predio. El enredado proceso lo inició el Magap a través del ex INDA, en el 2007.
El pedido de expropiación lo hizo la Asociación Agrícola San Antonio de Valencia, presidida por Wilson Collaguazo. Él reconoció que la mayoría de los 286 socios de esa organización no son oriundos de Tucuso, sino de otros lugares. "Es verdad, solo somos un 30% de Tucuso". Además, dijo que ninguno de los socios ha sido trabajador del predio, lo cual no era un impedimento para que el Magap les adjudicara la hacienda.
Para expropiar la hacienda, el INDA lo hizo con base en el literal C del Art. 43 de la Ley de Desarrollo Agrario. Dice que procede esa acción "cuando las tierras aptas para la explotación agraria se hayan mantenido inexplotadas por más de dos años consecutivos...".
Otro aspecto polémico es el pago realizado por el Magap a la familia Jaramillo Argüello, que recibió USD 4,8 millones. Ese monto fue determinado por los técnicos del INDA, Germán Simbaña y Fausto Escobar, que realizaron una evaluación del predio.
La familia Cevallos Guayasamín impugnó esa resolución, pero sin resultado, pues sus apelaciones -sustentadas con tres escrituras de la hacienda, inscritas en el Registro de la Propiedad del cantón Mejía- fueron negadas.
El titular de la Subsecretaría de Tierras, Diego Pazmiño, en funciones desde febrero pasado, al referirse al pago a la familia Jaramillo dijo: "La única constancia que tengo es que hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia en 1992, que resolvió el juicio de partición del predio a favor de la familia Jaramillo Argüello".
Pero la Dirección Distrital Central Quito del INDA, en su resolución de expropiación, del 10 de noviembre del 2009, indica que la titularidad del predio se halla justificada conforme a la escritura pública de partición, en la que los cónyuges Ezequiel Granizo y Rosa Valencia Coronel venden sus derechos a favor de Oswaldo Jaramillo Larrea y Josefina Argüello. Por eso, concluye que el predio le pertenece a la familia Jaramillo Argüello, que nunca estuvo en posesión de las tierras.
Este Diario buscó una reacción de Alfredo Jaramillo, uno de los herederos de la familia, pero no contestó a su celular.
Marco Cruz, director de Saneamiento y Patrocinio de la Subsecretaría de Tierras, dijo que los Jaramillo Argüello "demostraron que son los dueños de la hacienda San Antonio de Valencia con los títulos de propiedad".
Hizo el pronunciamiento durante la inauguración del Centro de Mediación del Magap. Esa instancia judicial busca agilitar la solución de al menos 750 conflictos de tierras, que dejó pendiente el INDA. Esta entidad desapareció legalmente en mayo del 2010, mediante Decreto del presidente Rafael Correa, tras denuncias de corrupción a todo nivel.
El traspaso aún no se da
El ex INDA dispuso que una vez que esté en firme la expropiación, se pague el valor del avalúo a los propietarios previa entrega-recepción del inmueble, lo cual tampoco se cumplió. La hacienda San Antonio continúa en poder de la familia Cevallos Guayasamín, según pudo constatar este Diario en un recorrido realizado la semana pasada.
Allí estaban Telmo Cevallos, su hijo Juan, los mayordomos Vilatuña y Ortiz y otros trabajadores. En un corral se observaron 250 vacas lecheras holstein, poco antes del ordeño mecánico.
Juan Cevallos comentó que venden, diariamente, unos 1200 litros de leche, especialmente a la Pasteurizadora Quito. También se apreciaban extensos cultivos de cebolla, zanahoria y habas, en una extensión aproximada de 200 hectáreas; otras 200 hectáreas están destinadas a pastizales, cerca de 50 hectáreas de madera de pino y eucalipto...
Telmo Cevallos, abogado de 86 años, negó que el predio haya estado sin trabajar durante dos años, como sostiene el INDA. "Siempre ha estado en producción agrícola y ganadera desde hace 28 años". Eso fue corroborado por los trabajadores de la hacienda. Uno de ellos, Miguel Naranjo, dijo con firmeza: "Aquí hemos trabajado por muchos años y no vamos a permitir que se expropie esta hacienda de la familia Cevallos Guayasamín". También subrayó que la mayoría de los miembros de la Asociación Agrícola no es del sector de Tucuso.
En la resolución de expropiación constan las declaraciones juramentadas de vecinos de Tucuso, entre ellos María Victoria Curay Viracucha y Félix Jaguaco Quiña. Ellos sostienen que la hacienda "ha permanecido en completo abandono, manteniéndose con ganadería a potreraje, siendo los dueños del ganado los moradores de San Antonio de Valencia y San José de Tucuso".
No obstante, el INDA asegura que "la explotación del predio ha sido realizada por otras personas, sin que sus titulares de dominio (no dice quiénes) hayan hecho cumplir la función social del inmueble". Con ese argumento, el director técnico de Área del Distrito Central-Quito, Jorge Pinto, el 7 de octubre del 2009, resolvió expropiar la hacienda.
Esta decisión fue elevada en consulta al director ejecutivo del INDA, Galo Aldaz. Este, en su providencia del 10 de noviembre de ese año, confirmó la resolución de expropiación sin hacer otras consideraciones, justificando la decisión en el artículo 43 literal C de la Ley de Desarrollo Agrario.
El 8 de junio pasado, la Subsecretaría de Tierras pidió el apoyo de la entonces intendenta de Policía de Pichincha, Guadalupe Quishpe, para tomar posesión del predio. Se movilizaron unos 100 uniformados, pero un grupo de unos 150 trabajadores de la hacienda lo impidió.
Ante la negativa, se firmó un acuerdo de entendimiento entre la familia Cevallos y el Magap. Allí, el Ministerio se comprometió a garantizar los bienes muebles, inmuebles y maquinaria y semovientes, producción agrícola y ganadera de la familia Cevallos. La familia se compromete a retirar los bienes muebles de la casa de hacienda en 120 días. Pero Patricio Jijón, abogado de Telmo Cevallos, dice que ese documento no es válido, porque fue suscrito bajo medidas de fuerza.
La cronología
1946
La hacienda San Antonio de Valencia, propiedad de Rafael Manuel German, fue vendida a Isidoro Valencia Nieto, mediante escritura.
1975
Vicente Valencia, heredero de Isidoro Valencia, vendió sus derechos y acciones en la sucesión a Oswaldo Jaramillo y Ezequiel Granizo, mediante escritura pública.
2000
El Juez X de lo Civil de Pichincha rechazó los pedidos de Telmo Cevallos, y ordenó que se ejecutara la sentencia de la Corte Suprema de 1992, a favor de la familia Jaramillo Argüello.
2000
Telmo Cevallos presentó una demanda de amparo posesorio en contra de Josefina Argüello, viuda de Jaramillo. Sostenía que era el propietario de las tres cuartas partes de la hacienda.
2007
La Asociación Agrícola San Antonio de Valencia pidió al INDA la expropiación del predio San Antonio de Valencia, argumentando que estaba en abandono e inexplotado.
2009
El 16 de agosto, el Juez Décimo Quinto de lo Civil de Pichincha otorgó, en sentencia, a Telmo Cevallos el amparo posesorio.
2009
El 7 de octubre, el INDA resolvió la expropiación de la hacienda y el 12 de noviembre la ratificó.
2010
El 15 de julio se firmó un acuerdo entre la familia Jaramillo Argüello con la Asociación Agrícola. Allí los "propietarios" de la hacienda manifestaron su total acuerdo en que esa organización entre en posesión del predio expropiado.
2011
El 14 de enero, el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, firmó el acta de entrega recepción del predio expropiado, con lo que se pago USD 4, 8 millones a la familia Jaramillo Argüello.
El estado productivo del predio de 916 hectáreas fue constatado y certificado por los peritos Ramiro Guaita y Eduardo Montenegro, del ex Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), actual Subsecretaría de Tierras.
Ellos señalan en su informe técnico, que consta en el memorando Nº 00037 de 25 de enero del 2008, que "el predio materia de la diligencia de expropiación se encuentra debidamente explotado, con cultivos de ciclo corto y pastos. Cuenta con una ganadería lechera, con ordeño mecánico y su respectiva infraestructura, existiendo ganado bravo y caballar". Agrega que el predio está administrado por Telmo Cevallos, con la asistencia de Luis Vilatuña y Carlos Ortiz Santos, mayordomos. Y se especifica la topografía del predio: plano 20%, ondulado 40% y quebradas 40%.
Además, los técnicos verificaron que había maquinaria y equipo como: tractor agrícola, rastra, surcadoras, cosechadora de maíz y otros, en buen estado. Estos bienes pertenecen a la familia Cevallos Guayasamín, que ha permanecido en posesión de la hacienda desde 1983. Juan Cevallos, hijo de Telmo Cevallos, estima que el monto de los bienes muebles y semovientes de su propiedad y que permanecen en la hacienda asciende a USD 800 000.
No obstante, contradiciendo esa constatación y lo que dice la Ley de Desarrollo Agrario (solo se expropiarán los bienes improductivos), el INDA resolvió expropiar el predio. El enredado proceso lo inició el Magap a través del ex INDA, en el 2007.
El pedido de expropiación lo hizo la Asociación Agrícola San Antonio de Valencia, presidida por Wilson Collaguazo. Él reconoció que la mayoría de los 286 socios de esa organización no son oriundos de Tucuso, sino de otros lugares. "Es verdad, solo somos un 30% de Tucuso". Además, dijo que ninguno de los socios ha sido trabajador del predio, lo cual no era un impedimento para que el Magap les adjudicara la hacienda.
Para expropiar la hacienda, el INDA lo hizo con base en el literal C del Art. 43 de la Ley de Desarrollo Agrario. Dice que procede esa acción "cuando las tierras aptas para la explotación agraria se hayan mantenido inexplotadas por más de dos años consecutivos...".
Otro aspecto polémico es el pago realizado por el Magap a la familia Jaramillo Argüello, que recibió USD 4,8 millones. Ese monto fue determinado por los técnicos del INDA, Germán Simbaña y Fausto Escobar, que realizaron una evaluación del predio.
La familia Cevallos Guayasamín impugnó esa resolución, pero sin resultado, pues sus apelaciones -sustentadas con tres escrituras de la hacienda, inscritas en el Registro de la Propiedad del cantón Mejía- fueron negadas.
El titular de la Subsecretaría de Tierras, Diego Pazmiño, en funciones desde febrero pasado, al referirse al pago a la familia Jaramillo dijo: "La única constancia que tengo es que hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia en 1992, que resolvió el juicio de partición del predio a favor de la familia Jaramillo Argüello".
Pero la Dirección Distrital Central Quito del INDA, en su resolución de expropiación, del 10 de noviembre del 2009, indica que la titularidad del predio se halla justificada conforme a la escritura pública de partición, en la que los cónyuges Ezequiel Granizo y Rosa Valencia Coronel venden sus derechos a favor de Oswaldo Jaramillo Larrea y Josefina Argüello. Por eso, concluye que el predio le pertenece a la familia Jaramillo Argüello, que nunca estuvo en posesión de las tierras.
Este Diario buscó una reacción de Alfredo Jaramillo, uno de los herederos de la familia, pero no contestó a su celular.
Marco Cruz, director de Saneamiento y Patrocinio de la Subsecretaría de Tierras, dijo que los Jaramillo Argüello "demostraron que son los dueños de la hacienda San Antonio de Valencia con los títulos de propiedad".
Hizo el pronunciamiento durante la inauguración del Centro de Mediación del Magap. Esa instancia judicial busca agilitar la solución de al menos 750 conflictos de tierras, que dejó pendiente el INDA. Esta entidad desapareció legalmente en mayo del 2010, mediante Decreto del presidente Rafael Correa, tras denuncias de corrupción a todo nivel.
El traspaso aún no se da
El ex INDA dispuso que una vez que esté en firme la expropiación, se pague el valor del avalúo a los propietarios previa entrega-recepción del inmueble, lo cual tampoco se cumplió. La hacienda San Antonio continúa en poder de la familia Cevallos Guayasamín, según pudo constatar este Diario en un recorrido realizado la semana pasada.
Allí estaban Telmo Cevallos, su hijo Juan, los mayordomos Vilatuña y Ortiz y otros trabajadores. En un corral se observaron 250 vacas lecheras holstein, poco antes del ordeño mecánico.
Juan Cevallos comentó que venden, diariamente, unos 1200 litros de leche, especialmente a la Pasteurizadora Quito. También se apreciaban extensos cultivos de cebolla, zanahoria y habas, en una extensión aproximada de 200 hectáreas; otras 200 hectáreas están destinadas a pastizales, cerca de 50 hectáreas de madera de pino y eucalipto...
Telmo Cevallos, abogado de 86 años, negó que el predio haya estado sin trabajar durante dos años, como sostiene el INDA. "Siempre ha estado en producción agrícola y ganadera desde hace 28 años". Eso fue corroborado por los trabajadores de la hacienda. Uno de ellos, Miguel Naranjo, dijo con firmeza: "Aquí hemos trabajado por muchos años y no vamos a permitir que se expropie esta hacienda de la familia Cevallos Guayasamín". También subrayó que la mayoría de los miembros de la Asociación Agrícola no es del sector de Tucuso.
En la resolución de expropiación constan las declaraciones juramentadas de vecinos de Tucuso, entre ellos María Victoria Curay Viracucha y Félix Jaguaco Quiña. Ellos sostienen que la hacienda "ha permanecido en completo abandono, manteniéndose con ganadería a potreraje, siendo los dueños del ganado los moradores de San Antonio de Valencia y San José de Tucuso".
No obstante, el INDA asegura que "la explotación del predio ha sido realizada por otras personas, sin que sus titulares de dominio (no dice quiénes) hayan hecho cumplir la función social del inmueble". Con ese argumento, el director técnico de Área del Distrito Central-Quito, Jorge Pinto, el 7 de octubre del 2009, resolvió expropiar la hacienda.
Esta decisión fue elevada en consulta al director ejecutivo del INDA, Galo Aldaz. Este, en su providencia del 10 de noviembre de ese año, confirmó la resolución de expropiación sin hacer otras consideraciones, justificando la decisión en el artículo 43 literal C de la Ley de Desarrollo Agrario.
El 8 de junio pasado, la Subsecretaría de Tierras pidió el apoyo de la entonces intendenta de Policía de Pichincha, Guadalupe Quishpe, para tomar posesión del predio. Se movilizaron unos 100 uniformados, pero un grupo de unos 150 trabajadores de la hacienda lo impidió.
Ante la negativa, se firmó un acuerdo de entendimiento entre la familia Cevallos y el Magap. Allí, el Ministerio se comprometió a garantizar los bienes muebles, inmuebles y maquinaria y semovientes, producción agrícola y ganadera de la familia Cevallos. La familia se compromete a retirar los bienes muebles de la casa de hacienda en 120 días. Pero Patricio Jijón, abogado de Telmo Cevallos, dice que ese documento no es válido, porque fue suscrito bajo medidas de fuerza.
La cronología
1946
La hacienda San Antonio de Valencia, propiedad de Rafael Manuel German, fue vendida a Isidoro Valencia Nieto, mediante escritura.
1975
Vicente Valencia, heredero de Isidoro Valencia, vendió sus derechos y acciones en la sucesión a Oswaldo Jaramillo y Ezequiel Granizo, mediante escritura pública.
2000
El Juez X de lo Civil de Pichincha rechazó los pedidos de Telmo Cevallos, y ordenó que se ejecutara la sentencia de la Corte Suprema de 1992, a favor de la familia Jaramillo Argüello.
2000
Telmo Cevallos presentó una demanda de amparo posesorio en contra de Josefina Argüello, viuda de Jaramillo. Sostenía que era el propietario de las tres cuartas partes de la hacienda.
2007
La Asociación Agrícola San Antonio de Valencia pidió al INDA la expropiación del predio San Antonio de Valencia, argumentando que estaba en abandono e inexplotado.
2009
El 16 de agosto, el Juez Décimo Quinto de lo Civil de Pichincha otorgó, en sentencia, a Telmo Cevallos el amparo posesorio.
2009
El 7 de octubre, el INDA resolvió la expropiación de la hacienda y el 12 de noviembre la ratificó.
2010
El 15 de julio se firmó un acuerdo entre la familia Jaramillo Argüello con la Asociación Agrícola. Allí los "propietarios" de la hacienda manifestaron su total acuerdo en que esa organización entre en posesión del predio expropiado.
2011
El 14 de enero, el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, firmó el acta de entrega recepción del predio expropiado, con lo que se pago USD 4, 8 millones a la familia Jaramillo Argüello.
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Tags: Quito