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Publicado el: 12/04/2012
Una caja de pandora se destapa
Una caja de pandora se destapa
La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión investiga las acciones de cinco de las comisarías nacionales que dependen directamente del gobernador del Guayas, a raíz de una disposición suya que rige desde noviembre anterior. Existen denuncias de ciudadanos que hablan de irregularidades en clausuras de locales de diversión nocturnos y pagos para recuperar la libertad de detenidos. El gobernador defiende el trabajo de sus comisarios.

El gobernador del Guayas, Roberto Cuero Medina, presenta como resultado de su gestión un 17% de disminución de delitos en Guayaquil, comparando las estadísticas de 2010 y 2011. Habla de operativos de control de discotecas, de bares, para que respeten los horarios establecidos, y detalla la dificultad que encierra lidiar con las personas que consumen licor.

Este Diario le presenta al funcionario el reporte de un operativo en particular. Se ríe y hace referencia a que es un hincha emelecista más, igual que el presidente Rafael Correa. Dijo que un viernes salía del estadio Capwell y, junto a unos amigos, fue a un bar ubicado en La Alborada, norte de Guayaquil.

Eran las 00:30. La policía reportó la siguiente novedad: el subteniente Valencia ha procedido a cerrar bares y discotecas del sector, ingresando a una donde se encontraba el señor gobernador Roberto Cuero y la señora comisaria de policía Jacqueline Hurtado, acercándose respetuosamente a indicarle de que ya es hora de que el bar cierre, momento en el cual el Sr. Gobernador de una forma déspota y tutéandole le ha indicado que se retire del lugar que no sabe con quién está hablando y en una forma amenazante le pidieron los nombres, donde procedí a reportar a la central y avanzó el mayor Andrade quien inspeccionó el lugar y el Sr. Gobernador le indicó que se iba a quedar en el lugar hasta la hora que él quisiera, por lo que nos retiramos".

"Se llama El Coki, un bar salsero, el dueño del local es amigo mío", dijo el gobernador y aseguró que la cartilla policial no relata los hechos como se dieron, los desmiente, asegura que nadie a esa hora estaba tomando alcohol. Y agrega que al lunes siguiente, el mismo subteniente que hizo el reporte, fue hasta a su despacho a disculparse. Luego de eso, pide que no haya conjeturas, recuerda que hubo un policía que mintió el 30-S: "había un oficial de policía que decía que nunca cerró la puerta (del Hospital de Policía), y estaba la versión del presidente", indicó Cuero.

El comandante encargado del IV Distrito de la Policía, Patricio Pazmiño, consultado por este tema, dijo "no tengo nada que decir al respecto". Otro oficial, encargado del Distrito Metropolitano, Diego Yánez, aseguró que no estuvo al tanto de este incidente y que "tendría que darse la situación para saber cómo actuar en ese momento", al ser preguntado sobre los procedimientos.

Existe otro parte policial relacionado con la comisaria Jacqueline Hurtado, con circunstancias similares: el reporte dice que la comisaria estuvo en un bar hasta las 04:00, oponiéndose a su cierre como lo disponen los horarios. Este diario buscó a la comisaria en su oficina para consultarle del incidente y contrastar una serie de denuncias de propietarios de locales nocturnos por abuso de autoridad. No la encontró. "Ella tendrá sus amigos, sus amistades, ella tendrá sus razones por las cuales se quedó, yo no me puedo meter en la vida personal de nadie", dijo por su parte el gobernador.

Hay otros temas, relacionados con la Gobernación del Guayas, que algunos funcionarios prefieren evitar. El Intendente de Policía, Julio César Quiñónez, por ejemplo, no quiere hablar respecto a lo que se comenta en voz baja dentro del edificio de la gobernación: su mala relación con Cuero.

En noviembre del año pasado, el gobernador, mediante resolución, delegó a los comisarios nacionales de Policía, "para que individual o conjuntamente planifiquen, coordinen y ejecuten operativos de control en toda la provincia", agregando que los comisarios "responderán directamente ante el gobernador por los actos realizados". Antes, el Intendente Quiñónez lideraba operativos de control, que ahora están reducidos al control de precios en los mercados.

Para el gobernador, no hay ninguna pugna con el Intendente, dice que los comisarios "tienen básicamente las mismas potestades" que el Intendente, que esta resolución nació para que los comisarios amplíen su campo de control a Samborondón.

El trabajo de las comisarías, que han recibido varios cuestionamientos de propietarios de locales de diversión nocturnos (ver página 11), mereció el inicio de una investigación por parte de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, que pidió a cinco comisarios, el pasado 16 de marzo, el listado de personas detenidas desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 15 de marzo, las copias de las resoluciones donde se impongan sanciones, los reportes económicos emitidos al director financiero de la Gobernación, donde conste el cobro de multas, listado de personal que laboran en la Comisaría, listado de locales clausurados y el listado de menores encontrados en los locales clausurados. Parte de la respuesta del gobernador Cuero fue pedir que se incluya en este requerimiento la gestión del Intendente Quiñónez, lo que fue aceptado.

El gobernador defiende el trabajo de sus comisarios, dice que ahora sí se hace control. Aclara después que "cada uno que responda por sus actos", refiriéndose a los comisarios. El secretario Nacional de Transparencia de Gestión, Edwin Jarrín, comunicó que mientras siga la investigación que lleva adelante, no dará una entrevista.

A esta polémica de las comisarías se sumó el colegio de Abogados del Guayas, en franca pugna con el gobierno. Su presidente, también juez de la Corte Constitucional, Alfonso Luz Yunes, anunció que Roberto Cuero "será enjuiciado por amparar el abuso de autoridad de sus comisarias y privar de la libertad a abogados en libre ejercicio".

Cuero, ingeniero de profesión, llegó a la Gobernación en agosto de 2009, sin mayor experiencia política y luego de haber fundado la Junta Cívica Popular, que apoyó desde sus inicios al gobierno de Rafael Correa.

En la Junta Cívica, asegura que conoció a Martha Campoverde, hoy procesada por tráfico de visas. Campoverde era la secretaria general de la Gobernación, llevada por él, al momento que fue detenida junto a 24 personas más, en diciembre del año pasado, acusados de integrar una red de venta de visas que nacía en la Dirección de Extranjería del Litoral, subordinada administrativamente a la Gobernación. Campoverde fue la directora de Extranjería, nombrada y pedida en comisión de servicios desde el IESS por Cuero, desde febrero de 2010 hasta diciembre de ese año, periodo en que se disparó el otorgamiento de visas. Según declaraciones recogidas por la Fiscalía, por cada visa, ciudadanos chinos, cubanos o árabes, pagaban entre $1500 hasta $3000.

En el caso está también involucrado Álex Gámez, coordinador de la casa de la Juventud, un proyecto que Gámez presentó a Cuero para formar a los nuevos líderes políticos del país, con tendencia oficial. "De aquí saldrán los futuros ministros", dijo Gámez en la presentación de la Casa, en presencia del gobernador.

El caso de las visas está en pleno proceso judicial; a algunos de los detenidos, incluida la exsecretaria Campoverde se les cambió la prisión por medidas sustitutivas.

Cuero dice que estuvo al tanto de la investigación, también llevada por la Secretaría de Transparencia, pero que a él nadie le denunció nada sobre el tema de visas. Respecto a si este asunto le ocasionó desgaste político o pérdida de confianza, su respuesta es la realidad: seguimos en el trabajo obviamente. En su despacho, al igual que en todas las gobernaciones, cuelga una fotografía grande del presidente, sonriente, con la banda del poder.
 
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