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Publicado el: 04/08/2011
Ministerio del Interior cerró 55 salas de juegos
Propietarios, administradores y trabajadores de las salas de juego calificaron ayer como inconstitucional e ilegal la medida del Viceministerio de Seguridad Interna y Externa, el cual ordena el cierre de los locales que no están regulados por la Ley de Turismo y que funcionan por amparos judiciales y que busca dar cumplimiento a la pregunta 7 de la consulta popular que determina la eliminación de los juegos de azar.

La Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos (Anpasju) señaló que el viceministro de Seguridad Interna, Leonardo Berrezueta, se arrogó funciones que son exclusivas de la Asamblea Nacional, porque es en ese órgano de Estado donde se debe reformar la Ley de Turismo que decrete la eliminación de los juegos de azar.

“Estamos conscientes de que se debe respetar lo que el pueblo decidió en la consulta popular del pasado 7 mayo, pero también el Gobierno aseguró que se daría un tiempo de no menos de un año para que se pueda liquidar al personal y recuperar la inversión, pero ahora nos cierran e incluso se ordena el decomiso de las máquinas”, sostuvo María Augusta Díaz, presidenta de Anpasju.

Sin embargo, el ministro del Interior, José Serrano, en rueda de prensa anunció ayer que las clausuras de casinos y salas de juego que funcionan de forma ilegal continuarán en los próximos días, a nivel nacional, e incluso pedirá órdenes de allanamiento para ingresar a aquellos locales que fueron cerrados, para evitar los operativos.

Agregó que el cierre de los negocios de juegos que funcionan sin permisos de las autoridades, no hace falta emitir un reglamento o normativa. Pero anunció que para aquellos que sí cuentan con las autorizaciones de funcionamiento el proceso será diferente.

“Para las salas de juego y casino legales (que funcionan en los hoteles de lujo) habrá un pronunciamiento formal a través de la ley o el reglamento que se dicte para el efecto”, señaló el funcionario, y añadió que dicha norma incluirá un plan de reincersión laboral para las personas que trabajan en estos centros legales e ilegales.

Pero los trabajadores de las salas de juegos (fuera de la Ley de Turismo) que a nivel nacional suman 25.000, y que laboran en 160 locales, se mostraron preocupados por lo que pasará con sus trabajo, debido a que los locales ya fueron cerrados por los intendentes.

“Sabíamos que íbamos a quedarnos sin trabajo, pero no de esta forma, los ofrecimientos del Gobierno no se han dado y aún esperamos”, indicó Héctor Buestan, administrador de la sala de juego Súper 7.

En tanto, Juan Muñoz, representante legal de la empresa Profeseries, propietaria de las salas de juegos Money & Money, indicó que aunque la pregunta 7 de la consulta popular señala la eliminación de casinos y salas de juegos, los primeros no han sido tocados y siguen funcionando.

Además aseguró que no son ilegales, porque funcionan con amparos judiciales los cuales son legales. Además cumplen con el pago de todos los impuestos e incluso declaran al Servicio de Rentas Internas (SRI), a más de la afiliación al Seguro Social de todos sus trabajadores, quienes aseguran que reciben todos los beneficios de ley.

Según datos del Ministerio del Interior, en el país han sido detectadas 126 salas de juego y casinos que funcionan sin permisos (no regulados por el Ministerio de Turismo), de los cuales 55 ya han sido clausurados: 18 en Guayas, 12 en Los Ríos, 7 Esmeraldas, 1 en Pichincha, 2 en Imbabura, 6 en El Oro e igual número en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las autoridades tampoco saben qué harán con las 156 máquinas que han sido decomisadas hasta el momento, y esperan que en el futuro reglamento se defina la utilidad de estas.

Apuntes: Eliminación

Pregunta
La pregunta 7 logró el 45,76% de los votos a favor de la eliminación de los juegos de azar, mientras que el No obtuvo el 41,68% a nivel nacional.

Plan del Gobierno
Según el Gobierno, en el país solo hay 55 negocios legales de ese tipo, que cuentan con 2.500 empleados directos, para los cuales está dirigido el plan de reconversión laboral.
 
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