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Publicado el: 08/07/2011
Militarizan planta de potabilización de las parroquias de Tarqui y Portete
Militarizan planta de potabilización de las parroquias de Tarqui y Portete
“Viva el agua”, “esto es del pueblo no de Correa”, “nadie nos mueve de aquí”, fueron algunas de las consignas que utilizaron los comuneros de las parroquias de Victoria del Portete y Tarqui, la mañana de ayer, ante la militarización del sistema comunitario de agua potable de Tarqui y Victoria del Portete.

Medida

Humberto Cordero, gobernador del Azuay, en entrevista radial, señaló que dispuso la militarización de la planta de agua para precautelar y cuidar las fuentes de agua para su consumo. Precisó que fue el Municipio, a través de Etapa, solicitó la medida. Además expuso que no permitirá que ciertos “grupos”, con intereses diferentes a la comunidad, ejecuten agresiones y destruyan trabajos realizados.

A lo que Vicente Maldonado, ex dirigente de la planta y beneficiario del proyecto, sostuvo que la mañana del sábado instalaron las redes domiciliarias para brindar el servicio de agua en varias viviendas de la comunidad El Cisne, de Tarqui y supone que eso les molesto.

Explicó que mantuvieron dos reuniones con la empresa municipal en la defensoría del Pueblo, para concluir la tercera fase y fueron ellos quienes incumplieron lo establecido, al arbitrariamente incluir a 150 familias que no están registrados en la junta de agua.
No se opone, pero explicó que en tiempo de estiaje no avanza el recurso vital y no están mezquinandola, pero los nuevos deben pagar los gastos que han hecho. Ya que para construirla tuvieron que donar terrenos y ejecutar más de 20 mingas.

A criterio de Carlos Pérez Guartambel, dirigente comunitario, la militarización se la cumplió con la finalidad de apropiarse de la planta; advirtió que es un signo de la “guerra por el agua” y hoy presentará la denuncia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, debido a que el líquido es utilizado por los campesinos.

Nosotros somos dueños de la planta y no podemos dañar nuestra propiedad, es una argumento descabellado, pero lo que quieren es romper la organización y permitir que las mineras entren fácilmente, comunicó Pérez.
María Natividad Pugo, de la comunidad San Pedro de Escaleras, manifestó que ha trabajado varios años para emplazar la planta y no va a dejar de luchar y continuará, aunque la maten o golpeen.

Mientras que, otro comunero que prefirió no identificarse por seguridad, dijo que estar de acuerdo que Etapa maneje la planta, debido a que mejorará el servicio.

Gerente de Etapa habló de la militarización

Oswaldo Larriva, gerente de Etapa, precisó que solicitó que se militarice la planta, debido a que el viernes un grupo de operadores y contratistas fueron amenazados y ciertos lugareños dijeron que no se responsabilizan por su integridad física y no existe otro motivo de por medio.

Además aclaró que Etapa esta a cargo de la administración técnica de la planta, como lo estipula un contrato firmado en julio del 2009, pues la inversión mayoritaria es de la empresa.

Dijo que si no se han instalado las redes domiciliaras es porque la junta de agua no lo ha permitido y son ellos quienes desean cobrar una tasa, para permitir el ingreso de nuevas personas, pero Etapa lo único que hace es brindar el servicio sin importar los aportes.

Aseveró que el agua de la planta solo servirá para las parroquias y no para el nuevo parque industrial, camal y peor aún para las mineras.

Finalizó manifestando que no están desorganizando a la comunidad, pero los dirigentes no pueden utilizar “nuestro sistema” para cobrar el derecho al agua, que es construido con los recursos de los cuencanos.

Detalles

* El sistema de agua beneficia a 1.300 personas, de 13 comunidades de las dos parroquias.

* El sistema comunitario cuesta un dólar, pero no tiene tratamiento.

* La tarifa de agua potable no será superior a los 20 centavos por metro cubico, pero analiza para buscar una tarifa inferior.

* La medida continuará hasta que no se llegue a un acuerdo.
 
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