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Publicado el: 05/11/2011
Espinosa despidió en 2 días a 2 700 burócratas
La compra de renuncias obligatoria a 2 700 servidores públicos, en dos días, convirtió al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, en blanco de las críticas en el país.

El Gobierno aplicó masivamente ese mecanismo el 28 de octubre pasado, con base en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. La norma, publicada en el Registro Oficial el 12 de julio de este año, reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), lo cual abrió la puerta para que el Ejecutivo emprenda lo que denominó“cambio generacional” en la burocracia.

El cambio en la Ley no fue tarea fácil, principalmente porque la Asamblea Nacional rechazó el mecanismo de compra de renuncias, establecido en la transitoria décima del veto a la Losep.

Fue entonces que Espinosa, junto al equipo legal del Ministerio y de la Presidencia de la República, buscaron una salida jurídica para poder aplicar el mecanismo desechado por los legisladores, entre los cuales hubo asambleístas del propio oficialismo.

En diciembre del 2010, tres meses después de aprobada la Ley, el Régimen anunció que usaría el artículo 47 de la Losep, literal k, el cual establece la cesación definitiva de funciones de los burócratas mediante la compra de renuncia con indemnización.

Ese anuncio causó malestar en los burócratas, quienes señalaron que la aplicación del mecanismo era ilegal. Espinosa no se pronunció y continúo trabajando en el proceso en total silencio.

Debía encontrar una forma para normar el mecanismo de desvinculación. Se habló de la posibilidad de incluirlo en la Consulta Popular, pero no se concretó. Finalmente, en julio, vía Decreto Ejecutivo, se reformó el Reglamento de la Losep, lo cual se hizo público a través de los medios.

Las protestas de los Servidores Públicos no se hicieron esperar. La respuesta de Espinosa, bastante corta, fue que el tema constaba en la Losep y que se aplicaría en todo el país pese a las críticas.

La molestia subió detonó en el sector público. La Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), asambleístas de oposición, entre otras organizaciones, presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) contra el Decreto Ejecutivo 813.

Esto no incomodó a Espinosa, quien anunció -a inicios de agosto- que aproximadamente 3 000 servidores públicos serían desvinculados en octubre y que existían USD 160 millones para el pago de las indemnizaciones (parte del dinero también se destinaría para quienes se jubilarían).

El tema quedó en suspenso hasta el 28 de octubre pasado. A primeras horas de la mañana de ese viernes, funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales, acompañados por efectivos policiales, llegaron a 14 dependencias públicas de todo el país para notificar la compra obligatoria de sus renuncias a 2 000 empleados. El lunes 31 se repitió la ola de despidos en la nación, que dejó sin puestos de trabajo a 700 más.

La mayoría de empleados despedidos fueron del sector de la salud, por lo que el efecto de sus salidas se sintió en los hospitales. Los usuarios dijeron que tras los despidos hubo inconvenientes en la atención y que operaciones fijadas para fines de octubre, e inicios de noviembre, fueron canceladas o postergadas.

Las críticas contra el proceso también se produjeron por la forma violenta que, según los trabajadores, aplicó el Gobierno para la desvinculación laboral. De parte del Gobierno y, principalmente de Espinosa, no hubo respuestas hasta el 30 de octubre.

En una cadena nacional, el Ministro dijo que la medida se tomó para hacer eficiente al sector público, mientras que la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, añadió que se detectaron supuestos actos de corrupción cometidos por servidores despedidos. Pero no puntualizó cuántos casos se registraron, cuáles eran los ilícitos que se habían cometido, ni cuántas personas salieron por esta situación.

La explicación, más el anuncio de Espinosa sobre 1 100 desvinculaciones hasta fin de año, molestó a los burócratas, que organizaron marchas y plantones en el país. Pese a ello, el Ministro señaló que no se detendría en el proceso y en la mejora del Estado.

Respecto de los actos de corrupción argumentó que se descontextualizaron las palabras de Soliz y que, al referirse a estas irregularidades, la funcionaria hablaba de que “existen servidores que no están con la ética y el comportamiento que se exige”.

En este escenario, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea lo convocó el pasado martes para que diera una explicación sobre la aplicación de la medida, pero no fue. Envió al viceministro de Servicio Público, Juan Fernando Salazar, quien fue calificado de sinvergüenza por los burócratas y asambleístas del MPD presentes en la sala, debido a que no dio una explicación sobre el tema.

La ausencia de Espinosa y la decisión de seguir aplicando la compra de renuncias obligatorias, llevó a que el emepedista Jorge Escala anunciara un juicio político para Espinosa. Esto no le molestó y, al contrario, aseguró que le tiene sin cuidado lo que digan unos “lanzapiedras”.

¿Quién es?

Es el funcionario del Gobierno que maneja el tema recursos humanos en los sectores público y privado. Participa en la elaboración de propuestas de reformas salariales y otras al Código del Trabajo.

¿Qué hizo?

Luego de que la Asamblea Nacional no aprobara la compra de renuncias obligatorias buscó un mecanismo legal para aplicarlas. Tras conseguir este propósito, desvinculó del estado a 2 700 personas.

¿Qué dijo?

Todos los días nos dan palo porque no hay buen
servicio en los hospitales. Y cuando empezamos
a reestructurar eso los medios de comunicación salen a defender lo indefendible.


 
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