Ella minimiza la crisis carcelaria en el país

La ministra de Justicia, Johana Pesántez, incluso acusó a los internos en protesta y aseguró que son manipulados por “ex funcionarios de la antigua Dirección de Rehabilitación Social que fueron separados de la institución y que intentan impedir el proceso de cambio que se ha iniciado en esta administración”.

Pero los problemas en los centros penitenciarios no se han logrado solucionar en estos cinco años de Gobierno y pese a que se han invertido al menos USD 100 millones en dos emergencias declaradas en este sector.

La ministra Pesántez dice que hay cambios en las prisiones y que estos “se han venido desarrollando a lo largo de este último año”. Además advierte que se ha readecuado el sistema eléctrico, que se han instalado bombas de agua, baterías sanitarias, pinturas, que se han remodelado los talleres, que ha mejorado la alimentación, la atención médica, etc.

Sin embargo, los internos y sus familiares dijeron lo contrario. Contaron que en las celdas, la gente duerme hasta en los pisos.

A esto se suma un informe de la Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario del Ecuador que se entregó en el 2011. Allí se dice que “la infraestructura de los centros de rehabilitación es obsoleta o funcionan en casas adaptadas”.

También se indica: “Los centros soportan una sobrepoblación, lo que produce hacinamiento; los servicios de agua y luz están en pésimas condiciones como consecuencia del deterioro”.

Esa publicación incluso tuvo el apoyo de la Secretaría de Pueblos, es decir, de un organismo del propio Gobierno. Al menos eso se dice en la portada del informe.

En sus 76 páginas se indica, por ejemplo, que “hay indiferencia de las autoridades para transparentar los estados de emergencia”.

No obstante, Pesántez sostiene que la situación penitenciaria en el país ha cambiado y que la prensa no recoge esa información, “pese a que se la ha difundido a través de varios medios, seminarios, ruedas de prensa, etc.”.

Hay más hechos que contradicen a la funcionaria. El mismo día que los detenidos protestaban en Quito, en Cuenca ocurría algo similar. La cárcel de varones de esa ciudad amaneció rodeada de policías, patrulleros y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos.

Ellos se ubicaron allí desde la madrugada. Esto ocurrió porque un grupo de internos se amotinó en rechazo a supuestas agresiones de policías, quienes en la madrugada hicieron una requisa.

Este vacío también se alerta en el informe de la Veeduría Ciudadana. “Hay ausencia de un manual de institucional de procedimiento interno de ingreso y egreso” para los prisioneros. Y se indica que esa es tarea del departamento de Rehabilitación.

En agosto del 2011, en cambio, falleció el interno Ramiro E., en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. En audiencia de flagrancia, el juez dictó prisión preventiva en contra de nueve policías y el director (e) del centro.

Según los guías, el hombre habría fallecido con un paro respiratorio en un intento de fuga.

El 24 de enero pasado, además, murió una persona que en la madrugada llegó al Centro de Detención Provisional de Ambato.

Según las primeras indagaciones de la Fiscalía, Cristian G. fue ingresado en estado etílico. Esto, por supuesto escándalo público. Aparentemente, en el CDP tuvo problemas con dos hombres y estos le rompieron la tráquea cuando lo sujetaban por el cuello.

La inseguridad carcelaria también está latente. Desde el 1 febrero del 2008 se han contabilizado al menos 20 hechos de violencia en las cárceles del país.

El 15 de enero fue asesinado César F., quien era indagado por la muerte del empresario quiteño Francisco Espinosa. El crimen ocurrió en el pabellón A, pese a que es considerado de máxima seguridad. Nueve días después, en La Roca, una cárcel de extrema seguridad en Guayaquil, otro interno fue baleado.

Pero la Ministra dice que se han instalado 140 cámaras de circuito cerrado en Quito, Guayaquil, Cuenca, Nueva Loja y Santo Domingo. Y advierte que se colocaron 24 escáneres para el control de personas y carga. Según la funcionaria, en su administración se colocaron más de 20 inhibidores de celulares a escala nacional.

Todo esto -indica el Ministerio- como medidas de seguridad

Sin embargo, en la protesta del miércoles, los dirigentes del penal se comunicaban permanentemente por medio de celulares.

Los familiares hacían lo mismo y reconocían “las facilidades” que tienen para ello.