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Publicado el: 29/10/2011
Despidos obligatorios de miles de burócratas
Varios ministerios y entidades públicas amanecieron ayer con vigilancia policial y militar. La razón: la aplicación de la compra de renuncias obligatorias en el sector público empezó y tomó fuerza. Hasta el momento, se habría notificado su salida a alrededor de 2 mil empleados, según los reportes de la Federación de Servidores Públicos. Los dirigentes sindicales analizan medidas.
Varios ministerios y entidades públicas amanecieron ayer con vigilancia policial y militar. La razón: la aplicación de la compra de renuncias obligatorias en el sector público empezó y tomó fuerza hace dos días.

Hasta el momento, se habría notificado su salida a alrededor de 2 mil empleados, según los reportes de la Federación de Servidores Públicos. Los dirigentes sindicales analizan medidas.

El 7 de julio pasado, el Gobierno emitió el decreto 813, a través del cual se dio luz verde a la compra de esas renuncias obligatorias. La medida ocasionó el rechazo de los trabajadores, que, en ese entonces, antepusieron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional el 5 de agosto. La entidad la acogió y la calificó, aunque aún no hay resolución final.

La demanda, sin embargo, no sirvió para frenar la aplicación de las renuncias que ya empezaron y han ocasionado un ambiente de temor en las instituciones. Según Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, empezaron a entregarse desde hace un mes e iniciaron en el Banco Central del Ecuador. “De allí salieron 70 personas”, indicó.

Ola de salidas

En los dos últimos días, sin embargo, los despidos se intensificaron. “En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) se notificó ayer (jueves) a 280 personas; en el Hospital Baca Ortiz, a alrededor de 300”, explicó García.

García rechazó la actuación del Gobierno, sobre todo, “porque nosotros presentamos una demanda y hasta que la Corte no se pronuncie, la medida estaba suspendida”.

Los empleados públicos se convocarán en Asamblea General para analizar las acciones a tomar, “ya que la Ley no es suficiente para el Gobierno”, concluyó García.

Nelson Erazo, presidente de la Unión General de Trabajadores, por su parte, se unió al rechazo de la medida y anunció que para el lunes harán públicas acciones. Esto porque, según dijo, “es un hecho condenable porque miles de personas con experiencia quedan en la desocupación”.

En Quito, la situación se evidenció especialmente en los hospitales Pablo Arturo Suárez y Eugenio Espejo, en donde la presencia de uniformados causó gran preocupación en los empleados.

Líos en Guayaquil

Un total de 480 servidores del Hospital Abel Gilbert Pontón fueron cesados. Las notificaciones llegaron a 20 médicos y a 460 funcionarios, entre enfermeros, personal de servicio administrativo, seguridad y de relaciones públicas.

Entre los despedidos consta Camilo Morán, actual subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Samuel Rosas, director de prensa del hospital, dijo que las notificaciones sorprendieron a todo el personal.

Apuntó que entre los perjudicados existe personal con 32, 25 y 10 años de servicio.

Lenin Hurtado Angulo se reunió con varios de los despedidos, para la toma de acciones legales en contra del ministro Richard Espinoza.

Amenazas de demanda

En Portoviejo, este proceso traerá varias demandas laborales, según anunciaron los afectados. Uno de los primeros que presentará su reclamo es el asesor jurídico de la Dirección Provincial de Salud, Leonardo García, quien consideró injusto que se le entregue una notificación de su salida cuando nunca ha presentado renuncia ni ha mostrado interés en salir de su lugar de trabajo.

“Esta notificación llegó de un momento a otro, de una forma inesperada y sin ninguna consideración”, dijo García con visible malestar.

La llegada de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales causó reacción entre el personal del Hospital Regional de Portoviejo. Fue necesaria la presencia de miembros de la Policía Nacional.

Una de las enfermeras cesadas salió con lágrimas en los ojos. Ella no quiso dar su nombre, sólo dijo que tenía 20 años laborando en la institución.

Incertidumbre

En Santo Domingo, tres personas en la Dirección Provincial de Salud fueron cesadas. Además, se conoció que hubo separación de personal en el Centro de Rehabilitación Social, pero no se logró confirmar esa información.

En el área de justicia, se esperaba que las notificaciones llegaran, pero para hoy está prevista una reunión con funcionarios de Quito para conocer cómo avanza el proceso, según indicó Juan Jácome, presidente de los funcionarios judiciales.

Conmoción

Alrededor de 40 personas, entre médicos y personal administrativo del Hospital Teófilo Dávila (HTD) y áreas de salud de la provincia, recibieron ayer de forma sorpresiva la Acción.

Los afectados se mostraron conmocionados por la forma cómo salen de sus trabajos. Algunos tienen más de 25 años de servicio y otros ni siquiera llegaban a los 20.

Llanto en Loja

La acción cesó a 105 empleados de la Gobernación de Loja. Los empleados escucharon por las radios que la compra de renuncias en la institución se concretaría ayer. Sin embargo, la presencia de la Policía conmocionó a los funcionarios. Paola García, empleada con 10 años de servicio, lloró al recibir la noticia. Dijo que es el sustento de sus hijos. Son tres niños que dependen de ella.

Sorpresa

Néstor Medina Borja no entendía el cese de sus funciones mientras cumplía con sus labores normales en el departamento de Vigilancia Sanitaria de la Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi.

Según el funcionario, nunca fueron anticipados y tampoco conocieron los cambios a los que se referían. Él asegura que por el momento son 6 casos de despido y aumentarán a 30 hasta diciembre.


La Penitenciaría militarizada

Las notificaciones llegaron a los funcionarios y empleados de la Penitenciaria del Litoral. Felipe Macías, presidente de la Asociación de Empleados, tras rechazar la medida, dijo que no dejará su cargo mientras no exista mayor claridad en el concepto de despido, ya que se habla de renuncia voluntaria, cuando los están obligando a dejar vacantes sus puestos.

Paralelo a los despidos, personal militar y policial acordonó el Penal con 150 efectivos.


EL DATO
Entre 3.690 y 39.600 dólares oscilan las indemnizaciones.


EL DATO
Hay una demanda de inconstitucionalidad en trámite en la Corte Constitucional.
 
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