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Publicado el: 31/10/2012
Caso Cofiec: La culpa es de la prensa
Así resolvió el lunes por la noche la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional

El informe establece la inocencia de Pedro Elosegui, Pedro Delgado, Rafael Correa y el embajador de Irán, a quienes no se investigó

Al informe de investigación sobre el caso Cofiec (un documento de 27 páginas en el cual la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no señala responsables ni establece delitos) se sumó, a última hora del lunes, un texto resolutivo propuesto por la bancada oficialista (ver recuadro) en el que sí se señala un culpable y se lo acusa con claridad y en duros términos. Ese culpable, el único que encontró la Comisión en este caso, son los medios de comunicación.

El texto de dos páginas, redactado por Lídice Larrea, Fernando Cáceres y Omar Juez, retrata a la Comisión de cuerpo entero y revela la manera arbitraria cómo se ejerce la fiscalización en la Asamblea: convierte un caso de peculado, tráfico de influencias y préstamos vinculados, como lo señala el superintendente de bancos, en otro de atentado contra el honor; adelanta conclusiones sobre temas que no fueron tratados; declara la inocencia de personas que no fueron investigadas; contribuye a encubrir a los verdaderos involucrados; confunde la tarea fiscalizadora con la investigación penal y, de esta manera, justifica el inmovilismo de la Comisión frente a delitos evidentes con responsables políticos evidentes.

Mientras los implicados en el robo de $800 mil de dinero público no reciben acusación alguna (esa es tarea del fiscal, según la presidenta de la Comisión, Silvia Salgado), los periodistas que cubrieron el caso son imputados directamente de varios delitos: irresponsabilidad, atentado a la honra de las personas, manipulación dolosa, uso de métodos ilegales para obtener información, incumplimiento del artículo 18 de la Constitución...

El texto causó el abandono de la sala de los asambleístas de la oposición. Christian Viteri, también de AP, propuso otra resolución en un par de párrafos para "suavizar un poco el tono". Sin embargo, los asambleístas que quedaban a las nueve de la noche (cinco correístas y Silvia Salgado) terminaron votando la aprobación de los dos. Lídice Larrea se preocupó de aclarar dos veces que la votación era para añadir ambos textos al informe.

Si los medios son culpables, hay otras figuras cuya inocencia, según la Comisión, está fuera de dudas. Pedro Elosegui, por ejemplo. Este personaje, amigo del presidente, no fue investigado y, de hecho, el informe no lo menciona en ningún momento. Sin embargo, el texto aprobado para incluirse en la parte resolutiva lo libra de toda culpa, asegura que no fue asesor presidencial ni "mano derecha" de Pedro Delgado. Esta conclusión conduce a otra más grande: ni Rafael Correa ni su primo (a quienes la Comisión no investigó, ni llamó a declarar siquiera) tienen nada que ver en el asunto. Delgado fue mencionado en varias ocasiones por los testigos como la persona que recomendó al argentino Gastón Duzac a Cofiec, pero la presidenta Salgado, simplemente, se negó a llamarlo a declarar.

Tampoco la investigación de la Comisión contempló en ningún momento los depósitos de la Embajada de Irán en Cofiec, ni estos aparecen mencionados en el informe. Sin embargo, en la parte resolutiva se lava la imagen del embajador y se garantiza, fuera de cualquier sospecha, la legitimidad de origen de ese dinero. Si es así, no se aportaron las evidencias.

En cuanto a los párrafos de Christian Viteri, vuelven sobre el tema de los medios, a los que acusa de distorsionar los hechos, y solicita al defensor del pueblo que los investigue. También recomienda a la ciudadanía que ejerza un control sobre los medios y los actores políticos, "a fin de que todos los ciudadanos ejerzan su rendición de cuentas", inédita obligación que seguramente precisará de un reglamento.

Todo lo dicen en nombre de "una fiscalización seria y responsable", que es "fundamento del sistema democrático". (RA)

El texto resolutivo de la Comisión

"Que varios sectores políticos y de opinión... han divulgado información parcial y distorsionada acerca de la operación de crédito que Cofiec... otorgó al señor Gastón Duzac..., la misma que habría sido obtenida por medios ilícitos....

(...) Se ha manejado irresponsablemente información fuera de contexto, se ha emitido comentarios y se han realizado juzgamientos anticipados, desconociendo el ámbito de los organismos de control y de las investigaciones...

(...) Que la investigación efectuada por la comisión permite concluir de manera clara que los hechos... han sido manipulados, usados con fines políticos para mermar la ética del Gobierno Nacional...

Que... no se ha aportado documentación o prueba eficiente y determinante que verifique las afirmaciones de que el señor Pedro Elozegui es accionista o ha trabajado en Scanbuy, que haya sido asesor del presidente de la República y mano derecha del señor Pedro Delgado Campaña, mediante las cuales se pretendió vincular al presidente de la República y al presidente del banco Central.

Que el depósito realizado en Cofiec por el embajador de Irán no fue como persona natural, sino a nombre de la Embajada, y que presentó certificados del origen de estos recursos justificando como parte del presupuesto estatal de Irán, y el objeto del mismo habría sido la compra de su sede diplomática, desvirtuando aseveraciones antojadizas de ser lavado de activos. En el mismo sentido, se habría afirmado que se destituyó a la señora Mónica Flor Pazmiño, jueza de lo Civil de Pichincha por su accionar en el caso Duzac. El Consejo de la Judicatura aclaró que la destitución no tuvo nexo en el caso

(...) Que... resulta de enorme gravedad que, con fines políticos, se haya quebrantado el sigilo bancario... mediante la exhibición pública de documentos e informaciones que corresponden ser analizados, evaluados y valorados por los organismos de control técnicos, u obtenidos por los medios legalmente establecidos...

Por consiguientes la comisión concluye que la fiscalización, conducida de manera seria y responsable, es necesaria para afianzar la transparencia de la gestión pública, fundamento del sistema democrático, y otra cosa muy distinta es que a nombre de esta fiscalización se viole la ley, se atropellen procedimientos y se afecte a las instituciones y la honra".
 
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