Aprobada Ley de Telecomunicaciones, que crea una Agencia de Regulación y Control

La Asamblea Nacional con mayoría oficialista aprobó este miércoles con 93 votos a favor y 25 en contra, el proyecto de Ley Orgánica de las Telecomunicaciones que incluye nuevos agregados: que los recursos generados por el redondeo de tarifas de las empresas telefónicas vayan al Presupuesto General del Estado.

Además, se ratifica en el cobro de un porcentaje a toda empresa de telefonía o que brinde servicio de audio o video por suscripción, que tenga más del 30 % del mercado.

La asambleísta Alexandra Ocles (AP) explicó que tanto Conecel (Claro) como Otecel (Movistar) tuvieron ingresos indebidos por causa del redondeo de tarifas que se cobraron a los usuarios durante 17 meses entre los años 1999 y 2000. Sin embargo, tras diversas resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se les obligó a devolver unos $ 27 millones a los dos operadores en total.

La forma de devolución que ha sido, según la asambleísta Ocles, a través de las promociones dos por uno o tres por uno no se considera una devolución efectiva, por lo que ese dinero, en su propuesta, debe ir al Presupuesto General del Estado. Esta iniciativa se incorporó por parte del asambleísta Ponente, Richard Calderón (AP) en una transitoria de la ley.

En el caso de la empresa Conecel (Claro) este nuevo cobro se suma al pago que se crea, según la ley, para combatir la concentración de mercado. Claro sería la única empresa de telefonía móvil que pagaría $ 115 millones por el nuevo rubro.

Este punto fue polémico durante el debate. Henry Cucalón, de Madera de Guerrero, explicó que la intención del Gobierno sería obtener mayores recursos, y que para ello habría diseñado una serie de alternativas fallidas. Recordó que en primer lugar se habló de limitar las utilidades a los trabajadores de las telefónicas dentro de la Ley de Telecomunicaciones, luego se buscó crear regalías de acuerdo al tamaño del mercado de las telefónicas y ahora se indica que se crea este pago, que no se califica como impuesto ni regalía, pero dijo que en definitiva sería un “impuesto a las ventas de las telefónicas”.

Sobre el tema, la Cámara de comercio de Guayaquil rechazó la normativa y dijo que se afecta a la empresa, solo por el hecho de tener más clientes.

Otro punto polémico aprobado es la desaparición de la Superintendencia de Telecomunicaciones y la creación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Para René Yandún (Movimiento de Integración Democrática), esta propuesta es inconstitucional.

"La Superintendencia ha sido el soporte de todas las telecomunicaciones que se manejan y administran hasta este momento. Es necesario hacerle cambios y modificaciones y proyecciones a futuro para beneficio de la propia ley y evitar perjuicios al Estado. La Constitución obliga a que exista la Superintendencia", insistió el legislador.

Mientras tanto, Luis Fernando Torres (CREO), sugirió analizar las disposiciones finales de la nueva Ley, aprobada en segundo y definitivo debate.

Para Torres" la Ley lo que hace es aplicar el modelo venezolano en materia de control y regulación de las telecomunicaciones. Primero desaparece la Superintendencia, cesa al superintendente, el ministro de Telecomunicaciones asume la representación en los organismos internacionales de telecomunicaciones, y la Agencia de Regulación asume las funciones de la Superintendencia, Conatel y Secretaría Técnica de Telecomunicaciones... Si se analiza el alcance de estas 4 disposiciones, lo que busca es centralizar el control de las telecomunicaciones en el Ecuador desde el Ejecutivo", aseguró.

Fuente: eluniverso.com

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