De nueve puntos, en siete el Ecuador reprueba en DDHH

El presidente Rafael Correa dijo que no le quita el sueño el informe de Human Rights Watch que cuestiona el ataque a la libertad de expresión, la falta de independencia judicial, los retrocesos en salud reproductiva... Y ve como positiva su política contra las clínicas de deshomosexualización y los juicios por violación de DDHH.

1 La Ley de Comunicación abre la puerta a la censura a los medios

La Ley de Comunicación contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura. Al hacer referencia al derecho a recibir información "verificada, contrastada...", la ley abre la puerta a la censura y otorga al Gobierno o los jueces la potestad de decidir si la información es veraz.

En agosto, citando disposiciones de la ley que definen los asuntos de relevancia pública..., el secretario de Comunicación ordenó al periódico El universo que ofreciera una disculpa pública por escribir tweets que, según afirmó, atentaban contra el honor y la reputación del presidente.

El Presidente Correa continúa empleando el derecho penal sobre difamación... En septiembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena impuesta al legislador de oposición José Cléver Jiménez por haber injuriado al presidente, fijó una pena de 18 meses de prisión y lo conminó a que ofreciera disculpas públicas al presidente y lo indemnizara con aproximadamente $140 mil... Jiménez había solicitado al Fiscal que investigara la responsabilidad de Correa por hechos de violencia que culminaron con la muerte de cinco personas durante un motín policial ocurrido en septiembre de 2010, y lo acusó de ordenar una agresión armada contra un hospital donde había civiles.

El Fiscal general, que había sido abogado personal de Correa, concluyó que no había evidencias suficientes y, en mayo de 2012, la justicia desestimó la causa. En agosto de 2012, Correa demandó por injuria Jiménez y a los otros dos ante la Corte de Justicia.

Es común que el gobierno de Correa exija a medios privados que transmitan emisiones oficiales para desmentir información u opiniones críticas, una medida que las autoridades consideran necesaria para cumplir la obligación del gobierno de refutar falsedades y distorsiones mediáticas.

2 La independencia judicial cuestionada

Con el mandato del referéndum de 2011, el Gobierno de Correa inició un proceso de reforma judicial que incluyó la designación de una nueva Corte y cientos de jueces... En diciembre de 2012, observadores de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España... publicaron un informe que concluyó que existían anomalías en el proceso de designación judicial, incluido el de los más altos magistrados. Instaron a que se sancionara una ley para regular los procesos disciplinarios y que se definieran claramente las infracciones, a fin de evitar el riesgo de que los jueces fueran suspendidos o sancionados por haber ejercido sus funciones.

3 La represión a la protesta social

El Código Penal contiene disposiciones excesivamente amplias sobre sabotaje y terrorismo, que en numerosas oportunidades han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos públicos de protesta y otras convocatorias. En la categoría de actos de terrorismo, en Ecuador se incluyen delitos definidos de manera sumamente imprecisa, como los "delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquier clase o de sus bienes", cometidos por individuos o grupos "armados o no". La pena es de cuatro a ocho años de prisión.

4 La amenaza de salir del sistemas interamericano

En marzo de 2013, la OEA rechazó una serie de propuestas presentadas por Ecuador con el apoyo de otros miembros de la Alba que pretendían bloquear el financiamiento externo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluida la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión. No obstante, Ecuador y otros miembros de la Alba dejaron en claro su intención de continuar exigiendo estos cambios.

La Relatora Especial continúa desempeñando un rol importante en la defensa de la libertad de prensa en Ecuador. En octubre, durante un encuentro de Alba en Cochabamba, Bolivia, el residente Correa indicó que iba a "pensar seriamente" sobre la posibilidad de continuar participando en el sistema interamericano de protección de derechos humanos...

5 El nuevo lenguaje y los derechos reproductivos

Las mujeres y jóvenes únicamente pueden solicitar abortos cuando su salud o vida estén en riesgo o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer "idiota o demente". El nuevo lenguaje continúa sugiriendo que las mujeres y jóvenes con discapacidad no serían "idóneas" para el rol de madres, e impide que todas las demás víctimas de violación sexual puedan obtener abortos legales. Una de cada cuatro mujeres en Ecuador han sido víctimas de violencia sexual. Debido a la amenaza de sanciones penales, algunas mujeres y jóvenes recurren a abortos practicados de manera ilegal e insegura, y se obstaculizan los servicios de salud y la atención médica luego de una violación. El temor a ser procesadas dificulta la detección y prevención de la violencia sexual.

6 El Decreto 1182 sobre los refugiados es criticado

El Decreto Ejecutivo 1182, dictado en mayo de 2012 por Correa para reglamentar los procedimientos de asilo, contempla una definición más acotada de quiénes pueden considerarse refugiados... Habilita a los funcionarios a rechazar solicitudes de asilo antes de realizar una evaluación de fondo cuando existan motivos... para creer que el solicitante ha cometido un delito... El decreto otorga a los funcionarios facultades excesivamente amplias para revocar la condición de refugiado.

Estas disposiciones violan las normas internacionales establecidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y las directrices adoptadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

7 Los juicios por los abusos entre 1984 y 1988

Las acciones encaminadas a juzgar a los responsables de graves violaciones cometidas entre 1984 y 2008 consiguieron avances durante 2013. En 2010, se creó una unidad de Fiscalía a la cual se encomendó la investigación de 118 casos sobre 456 víctimas, documentadas por una Comisión de la Verdad... En 2012, la cantidad de casos investigados ascendió a 138. En octubre de 2013, dos exministros de defensa y ocho militares y policías retirados fueron acusados de desaparición forzada y torturas en relación con la detención ilegal y la tortura de tres personas vinculadas con una organización guerrillera en 1985. En octubre de 2013, se había conseguido imputar a 36 funcionarios gubernamentales en otros tres casos del período analizado por el informe de la Comisión de la Verdad.

8 El control a los activistas de DDHH

El Gobierno de Correa ha intentado desacreditar a defensores de Derechos Humanos acusándolos de procurar desestabilizar.

El Ministerio de Telecomunicaciones interrumpió la programación de Ecuavisa para repudiar a Fundamedios... En junio de 2013, Correa dictó un decreto que otorgó al Gobierno amplias facultades para intervenir en las actividades de las ONG. El lenguaje impreciso del decreto, que contempla la potestad de disolver a ONG ecuatorianas que "afecten la paz pública", genera un margen para su aplicación arbitraria y supone una amenaza para la consolidación de la sociedad civil.

9 Las clínicas para curar a los gays

Los centros privados de rehabilitación de personas que consumen drogas y alcohol continúan aplicando métodos que procuran "curar" la homosexualidad, una práctica que el Ministerio de salud ha calificado como ilegal. Luego de que la estudiante Zulema Constante, de 22 años, se escapara en junio de 2013 de uno de estos centros donde se encontraba recluida, la ministra de Salud anunció que adoptaría medidas enérgicas contra las clínicas que aplicaran estas prácticas. Según la ministra, entre marzo de 2012 y julio de 2013 las autoridades clausuraron 15 clínicas por presuntas violaciones de DDHH.

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