Sobreseimiento definitivo a favor de Antón y otros
El juez Tercero de Garantías Penales de Pichincha, Luis Trujillo Soto, dictó el sobreseimiento definitivo a favor del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Ricardo Antón Khairala y otros, quienes estaban siendo investigados por un presunto delito de peculado por la adquisición de 69.960 GPS, que tuvieron un precio superior a los 26 millones de dólares y un supuesto perjuicio para el Estado de 13 millones de dólares.
Previamente, el fiscal de Pichincha, Miguel Jurado, ratificó el dictamen abstentivo emitido por la fiscal María Susana Rodríguez, el 21 de marzo pasado, pues consideró que en el expediente no obran los elementos que en estricto derecho se configuren en indicios que permitan establecer una presunción, en relación a la materialidad de la infracción concerniente al delito de peculado.
El dictamen
Jurado dice en su dictamen que de la investigación realizada da como resultado la falta de elementos que permitan la imputación de la comisión del delito que posibilite la continuación del proceso penal en contra de los procesados, en razón a la inexistencia del nexo causal entre materialidad y responsabilidad punible en el presunto cometimiento del hecho, por lo que ratifica el dictamen de abstención a favor de Ricardo Antón Khairala, Diego Pavón Vaca, Orlando Rodríguez Andrade, Flavio Cotacachi Lema y Darío Urvina López.
Medidas sin efecto
De su parte, el juez Luis Trujillo, también dejó sin efecto todas las medidas cautelares: personales y reales dictadas en contra de todos los procesados, para lo cual ordenó que se oficie a las autoridades correspondientes.
Cita además que de acuerdo con el Art. 245 del Código de Procedimiento Penal, la denuncia e informe de indicios de responsabilidad penal, presentada en la Fiscalía por Diego Abad León, director de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado, en contra de todos los procesados, no es maliciosa ni temeraria, pues solamente se encontraba cumpliendo sus funciones establecidas en el Art. 212 numeral 2 de la Constitución.
Satisfacción en la defensa
Este proceso penal que finalmente ha sido archivado, tuvo como origen el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por el contrato suscrito por la Agencia Nacional de Tránsito eL 15 de junio de 2011 con la empresa Raptor, para la adquisición de 69.690 GPS, a un costo de 26.675.320 dólares.
Fernando Larrea, abogado defensor de Ricardo Antón, recibió con beneplácito el pronunciamiento del juez Luis Trujillo y dijo que se ha hecho justicia, aunque durante un año no se ha ahorrado un solo adjetivo en contra de su cliente, porque incluso se hablaba de un perjuicio de 13 millones de dólares que es el valor del anticipo, lo cual ha sido desmentido por la propia fiscalía.
Previamente, el fiscal de Pichincha, Miguel Jurado, ratificó el dictamen abstentivo emitido por la fiscal María Susana Rodríguez, el 21 de marzo pasado, pues consideró que en el expediente no obran los elementos que en estricto derecho se configuren en indicios que permitan establecer una presunción, en relación a la materialidad de la infracción concerniente al delito de peculado.
El dictamen
Jurado dice en su dictamen que de la investigación realizada da como resultado la falta de elementos que permitan la imputación de la comisión del delito que posibilite la continuación del proceso penal en contra de los procesados, en razón a la inexistencia del nexo causal entre materialidad y responsabilidad punible en el presunto cometimiento del hecho, por lo que ratifica el dictamen de abstención a favor de Ricardo Antón Khairala, Diego Pavón Vaca, Orlando Rodríguez Andrade, Flavio Cotacachi Lema y Darío Urvina López.
Medidas sin efecto
De su parte, el juez Luis Trujillo, también dejó sin efecto todas las medidas cautelares: personales y reales dictadas en contra de todos los procesados, para lo cual ordenó que se oficie a las autoridades correspondientes.
Cita además que de acuerdo con el Art. 245 del Código de Procedimiento Penal, la denuncia e informe de indicios de responsabilidad penal, presentada en la Fiscalía por Diego Abad León, director de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado, en contra de todos los procesados, no es maliciosa ni temeraria, pues solamente se encontraba cumpliendo sus funciones establecidas en el Art. 212 numeral 2 de la Constitución.
Satisfacción en la defensa
Este proceso penal que finalmente ha sido archivado, tuvo como origen el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por el contrato suscrito por la Agencia Nacional de Tránsito eL 15 de junio de 2011 con la empresa Raptor, para la adquisición de 69.690 GPS, a un costo de 26.675.320 dólares.
Fernando Larrea, abogado defensor de Ricardo Antón, recibió con beneplácito el pronunciamiento del juez Luis Trujillo y dijo que se ha hecho justicia, aunque durante un año no se ha ahorrado un solo adjetivo en contra de su cliente, porque incluso se hablaba de un perjuicio de 13 millones de dólares que es el valor del anticipo, lo cual ha sido desmentido por la propia fiscalía.
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