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Publicado el: 6/16/2012

Las falencias en el caso de la avioneta de Santa Elena

Las falencias en el caso de la avioneta de Santa Elena
Proceso judicial

Doce días después de que se conociera el ingreso de una segunda avioneta en el país, sin ser detectada por los radares, y que el caso despertara acusaciones del Gobierno de que se echó al traste una investigación de narcóticos, las indagaciones judiciales siguen.

No obstante, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un ex fiscal general y un especialista en investigación policial coinciden en que el tema debe tratárselo enmarcado en el debido proceso.

A inicios de esta semana, por este caso, fueron llamados a declarar ante la Fiscalía, el ex jefe de Inteligencia, Mario Pazmiño, así como el director de Radio Democracia, Gonzalo Rosero.

El ministro del Interior, José Serrano, la semana pasada, interpuso una demanda por atentar contra la seguridad del Estado en contra del oficial en servicio pasivo, bajo el argumento de que hizo pública información reservada, que no solo afectó el operativo antinarcóticos, sino que -a su juicio- puso en peligro a los policías que investigaban el caso y al fiscal del proceso.

El jueves, el ministro amplió su versión ante la Fiscalía y pidió que se practiquen nuevas diligencias. Entre otras, que se tomen otras versiones y se mantenga en reserva la identidad de los funcionarios y los policías que iban a participar en el operativo, que supuestamente se frustró.

También anunció el inició de una investigación interna en las fuerzas del orden, para identificar quién supuestamente filtró la información. (SL-MP)

Los tres puntos sobre los que hay dudas

La reserva es para quienes investigan

El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mauro Terán, dijo que el ministro del Interior, José Serrano, requiere más capacitación en materia jurídica. Según dijo, si bien una indagación previa es reservada, eso solo se aplica para quienes la conocen. "Creer que todas las personas tienen que saber cuándo se inicia una indagación para no difundir información, es un contrasentido grave", dijo.

También consideró que apenas aterrizó la avioneta, se debió detener a los pilotos. La única salida que ha argumentado el ministro Serrano -señaló- es que no persiguen a personas, sino a los delitos, pero un delito no puede ser encarcelado. En materia penal antes de atrapar a la banda y a sus cabezas, primero deben hacerlos con los subalternos.

El caso de avioneta es solo de tipo penal

La calificación de reserva está destinada a documentos que pueden atentar contra la seguridad del Estado. El caso de la avioneta es penal, dijo Fernando Casares, ex fiscal general.

Además, no se puede poner el calificativo de reserva a un hecho que, en el caso que compete, es una avioneta de origen mexicano que ingresó ilegalmente al país.

En el Código Penal están claramente establecidos los delitos que atentan contra la seguridad del Estado: conspiración contra la seguridad exterior, traición a la patria, etc.

Según Casares, el Código de Procedimiento Penal establece que la indagación previa debe ser reservada y los que tienen que cumplir la norma son: la Fiscalía, la Función Judicial y la Policía.

La presunción de inocencia es el eje

La Policía Judicial hace la investigación, que es la recolección de información, que permite establecer si se comete un delito. De haberlo, se remite a la Fiscalía para que se inicie la indagación previa, explicó un especialista en el área.

Por mandato constitucional y legal, las indagaciones deben ser reservadas por el principio de presunción de inocencia de los implicados. Esta etapa la maneja exclusivamente el fiscal y los policías judiciales cumplen las diligencias, que son para recoger la información que debe tener una cadena de custodia.

Para acceder a un proceso se debe tener una autorización verbal o por escrito del fiscal o del juez. Esto se aplica a los mandos altos policiales y funcionarios de Estado.


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