La veeduría detecta falencias en elección de Corte de Justicia
“Por primera vez en la historia se hizo un concurso público y transparente para designar a los 21 jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)”, decía emotivo Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), el jueves durante la entrega del informe final de la veeduría internacional que coordina el español Baltasar Garzón.
Pero esa elección –que para Rodríguez fue transparente– presentó “falencias” en lo que fue el concurso de merecimientos al momento de elegir a 4 de los 21 magistrados, sostiene el informe, de 132 páginas, presentado por la veeduría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC).
En el artículo 32 del instructivo para designar a los jueces de la CNJ se señala la forma de calificación de méritos, referente a la experiencia laboral; describiéndose que quien haya ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria será calificado con dos puntos por cada año adicional completo a los diez de ejercicio profesional, hasta lograr un máximo de diez puntos.
En el caso de Mariana Yumbay, la veeduría cita que en la fase de calificación de méritos se le otorgaron seis puntos a los que “no se hacía merecedora”.
Es que la jueza obtuvo su título en Derecho el 15 de marzo del 2001, y hasta el 15 marzo del 2011, cuando se realizó el concurso, sumó 10 años y seis meses en ejercicio, al no tener ni un año adicional completo después de la década de ejercicio profesional, no merecía puntos, pero le dieron seis. Su puntaje en esa etapa fue de 27/30.
Esta etapa del concurso “no se hizo correctamente”, señala la veeduría, pues estuvo basada en la “interpretación” de un Comité de Expertos, integrado por Diego Zalamea, María Patlova Guerra (ahora candidata a ocupar una de las vocalías de la Judicatura definitiva) y René Auquilla, detalla el informe en la página 58.
El segundo caso involucra a la jueza Lucy Blacio y a Yolanda Yupangui (quien quedó como conjueza), pues tras la audiencia pública, que consistía en una entrevista con los tres vocales de la Judicatura, Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, sus puntajes variaron y colocaron a la primera concursante entre los 21 mejores y a la segunda, se la dejó fuera.
“Lo cierto es que después de la puntuación de la audiencia pública, sin explicación de voto (por parte de los vocales del CJT), Yupangui, que se encontraba en el puesto doce, quedó fuera de los 21 jueces; y Blacio, que estaba en el lugar 45 antes de la entrevista, entró entre los 21”, cita el informe de Garzón.
También se analizó el proceso de designación de Wilson Merino, quien dictó sentencia en el caso EL UNIVERSO. Él no acreditó su experiencia profesional con copias de demandas, contestaciones, alegatos y sentencias dictadas en las causas que haya patrocinado.
Su aporte fue una certificación que el Colegio de Abogados del Azuay (que lo preside René Auquilla) hizo a su título de abogado y un certificado del Registro Único de Contribuyentes (RUC) con la fecha de inicio de su actividad en la docencia universitaria.
De tal forma que la veeduría no se explica cómo Merino obtuvo diez puntos en experiencia profesional. Asimismo, se desconoce sobre qué base jurídica y técnica se calificó su audiencia en la que habló de “los derechos humanos, la pacha mama y el derecho al agua”.
Algo parecido al caso de Blacio y Yupangui sucedió con el magistrado Wilson Andino (hermano del asambleísta por Alianza PAIS, Mauro Andino) y Édgar Flores (no elegido).
Antes de la entrevista, Andino se ubicaba en el puesto 33 con 68,93 puntos. Luego de esta prueba obtuvo 8,5 situándose en el lugar 18 y logró ingresar entre los 21 mejores.
Es por esto que la veeduría sostiene que la etapa de entrevistas “presenta riesgos innecesarios que podrían afectar la transparencia y pureza de todo el proceso”.
Y sugiere que sea “la Corte Nacional quien se pronuncie sobre la genuidad del proceso de elección; establezca consecuencias; fije los parámetros en los cuales debe realizarse y garantice el derecho al recurso en sede judicial a quienes resultaren preteridos”.
Pero ninguna de estas recomendaciones y cuestionamientos sobre las designaciones fueron tomadas en cuenta por el CJT, revela la veeduría.
Desde que se inició el concurso para jueces nacionales, el asambleísta Andrés Páez (ID-CREO) denunció que Yumbay, por ejemplo, se estaba beneficiando de puntos que no merecía. Ella, para defenderse de esta denuncia, acudió el pasado 11 de junio a rendir confesión judicial y aseguró que los puntos que recibió se ajustaron al reglamento del concurso.
Ni el CJT ni el Consejo de Participación se pronunciaron sobre las conclusiones del informe final de la veeduría.
Incluso, el Consejo ciudadano desechó el jueves pasado la impugnación que planteó Páez en contra de Arias y Rodríguez –postulados a la reelección– justamente por el sistema de selección de jueces de la CNJ.
Reacción: Denunciante
Andrés Páez
Asambleísta
“El informe refrenda lo que denuncié: que hubo seis jueces que fueron favorecidos en la elección, a los que la Judicatura debería destituirlos por ser ilegítimos”.
Pero esa elección –que para Rodríguez fue transparente– presentó “falencias” en lo que fue el concurso de merecimientos al momento de elegir a 4 de los 21 magistrados, sostiene el informe, de 132 páginas, presentado por la veeduría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC).
En el artículo 32 del instructivo para designar a los jueces de la CNJ se señala la forma de calificación de méritos, referente a la experiencia laboral; describiéndose que quien haya ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria será calificado con dos puntos por cada año adicional completo a los diez de ejercicio profesional, hasta lograr un máximo de diez puntos.
En el caso de Mariana Yumbay, la veeduría cita que en la fase de calificación de méritos se le otorgaron seis puntos a los que “no se hacía merecedora”.
Es que la jueza obtuvo su título en Derecho el 15 de marzo del 2001, y hasta el 15 marzo del 2011, cuando se realizó el concurso, sumó 10 años y seis meses en ejercicio, al no tener ni un año adicional completo después de la década de ejercicio profesional, no merecía puntos, pero le dieron seis. Su puntaje en esa etapa fue de 27/30.
Esta etapa del concurso “no se hizo correctamente”, señala la veeduría, pues estuvo basada en la “interpretación” de un Comité de Expertos, integrado por Diego Zalamea, María Patlova Guerra (ahora candidata a ocupar una de las vocalías de la Judicatura definitiva) y René Auquilla, detalla el informe en la página 58.
El segundo caso involucra a la jueza Lucy Blacio y a Yolanda Yupangui (quien quedó como conjueza), pues tras la audiencia pública, que consistía en una entrevista con los tres vocales de la Judicatura, Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, sus puntajes variaron y colocaron a la primera concursante entre los 21 mejores y a la segunda, se la dejó fuera.
“Lo cierto es que después de la puntuación de la audiencia pública, sin explicación de voto (por parte de los vocales del CJT), Yupangui, que se encontraba en el puesto doce, quedó fuera de los 21 jueces; y Blacio, que estaba en el lugar 45 antes de la entrevista, entró entre los 21”, cita el informe de Garzón.
También se analizó el proceso de designación de Wilson Merino, quien dictó sentencia en el caso EL UNIVERSO. Él no acreditó su experiencia profesional con copias de demandas, contestaciones, alegatos y sentencias dictadas en las causas que haya patrocinado.
Su aporte fue una certificación que el Colegio de Abogados del Azuay (que lo preside René Auquilla) hizo a su título de abogado y un certificado del Registro Único de Contribuyentes (RUC) con la fecha de inicio de su actividad en la docencia universitaria.
De tal forma que la veeduría no se explica cómo Merino obtuvo diez puntos en experiencia profesional. Asimismo, se desconoce sobre qué base jurídica y técnica se calificó su audiencia en la que habló de “los derechos humanos, la pacha mama y el derecho al agua”.
Algo parecido al caso de Blacio y Yupangui sucedió con el magistrado Wilson Andino (hermano del asambleísta por Alianza PAIS, Mauro Andino) y Édgar Flores (no elegido).
Antes de la entrevista, Andino se ubicaba en el puesto 33 con 68,93 puntos. Luego de esta prueba obtuvo 8,5 situándose en el lugar 18 y logró ingresar entre los 21 mejores.
Es por esto que la veeduría sostiene que la etapa de entrevistas “presenta riesgos innecesarios que podrían afectar la transparencia y pureza de todo el proceso”.
Y sugiere que sea “la Corte Nacional quien se pronuncie sobre la genuidad del proceso de elección; establezca consecuencias; fije los parámetros en los cuales debe realizarse y garantice el derecho al recurso en sede judicial a quienes resultaren preteridos”.
Pero ninguna de estas recomendaciones y cuestionamientos sobre las designaciones fueron tomadas en cuenta por el CJT, revela la veeduría.
Desde que se inició el concurso para jueces nacionales, el asambleísta Andrés Páez (ID-CREO) denunció que Yumbay, por ejemplo, se estaba beneficiando de puntos que no merecía. Ella, para defenderse de esta denuncia, acudió el pasado 11 de junio a rendir confesión judicial y aseguró que los puntos que recibió se ajustaron al reglamento del concurso.
Ni el CJT ni el Consejo de Participación se pronunciaron sobre las conclusiones del informe final de la veeduría.
Incluso, el Consejo ciudadano desechó el jueves pasado la impugnación que planteó Páez en contra de Arias y Rodríguez –postulados a la reelección– justamente por el sistema de selección de jueces de la CNJ.
Reacción: Denunciante
Andrés Páez
Asambleísta
“El informe refrenda lo que denuncié: que hubo seis jueces que fueron favorecidos en la elección, a los que la Judicatura debería destituirlos por ser ilegítimos”.
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