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Publicado el: 23/01/2012
La metida de mano entrega quinta Corte en menos de 14 años
La máxima instancia judicial del país, encargada de conocer las causas que se inicien en contra de funcionarios públicos que gocen de fuero, incluye a excolaboradores del oficialismo. También, a jueces con poca experiencia.

El hermano de un asambleísta de PAIS. La madre de un ministro. Dos exasesores de legisladores del movimiento de Gobierno. Un exfuncionario de la Superintendencia de Bancos y otro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en el actual régimen. Dos empleados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a cargo de las veedurías del proceso de reestructuración judicial y con mayoría oficialista.

Son 8 de los 21 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que, según los periodos fijados en la Constitución, ocuparán los cargos hasta el 2021.

La futura Corte ¬que asumirá sus funciones este jueves¬ es el resultado de un concurso realizado por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), también de mayoría oficialista, sin que la veeduría internacional haya estado presente en alguna de las fases: inscripción, calificación de méritos, las pruebas teóricas y prácticas y, al final, las audiencias orales ante el pleno.

Además, la veeduría nacional, que trabajó sin presupuesto, todavía no entrega un informe sobre este proceso de selección.

En esta última etapa se definió la integración del máximo organismo de administración de justicia. A la audiencia oral llegaron 63 aspirantes, de los 666 que se habían inscrito, aunque en el camino se aumentó uno.

Cada entrevista fue calificada sobre 10 puntos. El mayor peso, 5 puntos, se asentó en la opinión del candidato sobre la administración de justicia. Con 3 puntos se evaluó la explicación del postulante de por qué quiere ser juez y con 2 la experiencia.

Fue así como 7 de los candidatos que estaban entre los 21 mejor puntuados, hasta antes de la audiencia, perdieron la opción de ser titulares al obtener bajas calificaciones del Consejo, de entre 1,20 y 4,10 puntos.

Es el caso de Román Terán Suárez. Antes de la audiencia se ubicaba en el puesto 18 con 73,58 puntos. En la audiencia, sin embargo, recibió 1,70 y, así, ahora ni siquiera quedó en la lista final de 42 postulantes que presentó la Judicatura: los 21 primeros serán los jueces titulares y el resto tiene la opción de ser conjuez.

“Parecería que no hubiese dicho nada en la audiencia oral”. Dice sentirse sorprendido y molesto. “Durante el concurso hemos estado peleando por centésimas. Me quedo con 75,28 puntos. Si tenía 1,81 puntos en la audiencia, era conjuez”, añade Terán, quien quedó fuera porque, por la alternabilidad, se incluyó a cinco mujeres que obtuvieron menos calificación que él.

Esto contrasta con candidatos como Paúl Manuel Íñiguez Ríos. Los 9,9 puntos que obtuvo en la audiencia lo hicieron escalar 21 peldaños. Del puesto 41 (67,43 puntos) pasó al 20 (77,33). Fue así que se convirtió en titular.

Desde mayo del 2010 trabaja para el Consejo de Participación como coordinador general de Relaciones Internacionales. Antes laboró como asesor de Linda Machucha (PAIS), en la Constituyente (2008); y de Vethowen Chica (PAIS), en la Asamblea Nacional (2009-2010). Trabajó en la Función Judicial (1996-2008) como juez noveno suplente de lo Civil y juez decimotercero de lo Civil de Azuay.

Otro caso es el de Lucy Elena Blacio Pereira, quien también trabaja desde mayo del 2010 en el Consejo de Participación como secretaria de Transparencia. Obtuvo 10 puntos en la audiencia y pasó del puesto 45 al 28, pero por alternabilidad subió al 21, el último puesto titular.

Según Vistazo, antes trabajó para el Centro de Acción y Promoción de la Mujer (Cepam), fundado por Miriam Alcívar, esposa del canciller Ricardo Patiño. Su esposo, Yamil Murillo Zaldúa, y su hermana, Lenny Blacio Pereira, figuran en una lista de empleados del INFA en El Oro, como asesor y directora provincial, aunque ella luego se presentó al concurso de jueces de la Familia, en noviembre.

Wilson Efraín Andino Reinoso, hermano del asambleísta Mauro Andino (PAIS), escaló quince puestos tras la audiencia y se ubicó en el 18º lugar al obtener 8,50 en la entrevista con los miembros de la Judicatura. Él es juez en Chimborazo.

Más ejemplos. María Ximena Vintimilla, quien labora desde febrero para el alcalde de Cuenca, Paúl Granda (PAIS), como directora de Desarrollo Institucional y Talento Humano del Municipio, pasó del puesto 25 al 16 (de jueza titular) tras obtener 9,50 puntos en la audiencia.

Ella ingresó a la Función Judicial en el 2004, primero como jueza suplente y luego como agente fiscal. Sin embargo, en el 2008 fue asesora de la constituyente Rossana Alvarado (PAIS). Luego trabajó, en comisión de servicios de la Fiscalía, como asesora del entonces canciller Fander Falconí (2009-2010), y subsecretaria del Austro en la Senami (2010-2011). Antes había laborado para Gustavo Jalkh, secretario del presidente Rafael Correa, en Projusticia, como directora del Centro de Mediación de la Corte de Cuenca (2000-2002).

Otro caso. Carmen Salgado Carpio, madre del ministro del Interior, José Serrano, logrará posesionarse como jueza titular de la Corte tras obtener 9,50 en la audiencia. Pasó del puesto 22 al 11. En la inscripción que consta en la página web de la Función Judicial solo se señala que ha trabajado por cuenta propia desde 1988 hasta el 2008, sin registrar documentos. Sin embargo, en este Gobierno fue subdirectora de Riesgos de Trabajo del Seguro Social en Azuay. Es la tercera vez que intenta ingresar, por concurso, a las cortes.

Con los 9 puntos que obtuvo en la audiencia, Johnny Jimmy Ayluardo Salcedo subió del puesto 37 al 19. Aunque no consta en la ficha de inscripción, en el 2007 fue nombrado secretario regional de la Intendencia de Guayaquil, de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Álvaro Vinicio Ojeda Hidalgo, en cambio, subió dos puestos, del 7 al 5, con la calificación de 9,20 en la audiencia. Trabaja en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones desde noviembre del 2007. Allí es el gerente nacional jurídico. Antes, en el 2007, trabajó durante meses para el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y, en comisión de servicios, para el Ministerio de Industrias, como asesor de Raúl Sagasti.

Pero las audiencias no fueron favorables para postulantes como Yolanda Yupangui Carrillo, quien, tras estar en el puesto 12 antes de esta entrevista, bajó al 31, pues recibió 1,33, la menor calificación que otorgó el CJT.

Gustavo Durango Vela pasó del puesto 17 al 21, al sacar 3,70 en la audiencia, pero perdió el último puesto como titular porque Blacio, por alternabilidad, fue ubicada en su lugar y él bajó así al 22.

El mejor puntuado es el actual presidente de la CNJ, Carlos Ramírez Romero, quien en el 2010 integró la Sala Civil que duplicó la condena contra el Banco Pichincha para que indemnice con $ 600 mil al presidente Rafael Correa por daño moral.

Él figura en una lista de jueces que, según el Banco Central, deben ser destituidos. El 8 de enero el organismo presentó los nombres de quienes habrían incumplido una reforma a un inciso del art. 38 del Código de Procedimiento Civil, que establece que cuando los deudores que tienen juicios coactivos hayan realizado los pagos en el plazo que establece dicha disposición, los jueces tienen 24 horas para ordenar la conclusión del proceso. Pero, “dado que algunos juzgadores han incumplido con esta acción”, el BCE notificó al CNJ que inicie el proceso para destituir a esos funcionarios.

Carlos Estarellas Merino, quien presidió el Comité de Selección que eligió a la última Suprema, en el 2005, señala tres “errores graves” en el concurso. Uno, la “flexibilización” de los requisitos para ser integrante de la Corte, por ejemplo, bajar de quince a diez los años de experiencia profesional o no establecer restricciones para quienes tengan algún vínculo político. Esto, según su criterio, le resta calidad e independencia. Dos, la falta de una veeduría internacional permanente y no pagada por el Gobierno. Tres, la subjetividad de la audiencia final.

¿Cuál es el perfil de esta nueva Corte? La Sierra es la región que más representantes tiene: 17 frente a 4 de la Costa. Según sus fichas de inscripción, seis afirman tener su lugar de residencia en Pichincha, seis en Azuay, dos en Guayas, dos en El Oro y uno en Loja, Tungurahua, Imbabura, Chimborazo y Bolívar. Sus edades oscilan entre los 38 y 68 años; el promedio es de 51. Catorce de los 21 titulares forman parte de la Función Judicial: 11 en las cortes y 3 en las fiscalías. Solo 9 de los 21 ejercen la docencia universitaria, aunque otros 7 lo hicieron en el pasado.

Para Santiago Basabe, del programa de Políticas Públicas de la Flacso, lo más grave es que el concurso no generó la confianza necesaria para que se presenten los mejores juristas del país. “El buen abogado o juez, que observa una consulta inconstitucional, un Consejo con miembros objetados y que responden al Ejecutivo, se abstiene de participar porque asume que el proceso no va a ser transparente”.

Cuestiona que jueces cantonales hayan saltado a la Nacional y la falta de experiencia de abogados y jueces de primera instancia. “No es que un juez de primera instancia no tenga experiencia. Puede tenerla, pero en un nivel distinto de discusión jurídica. Un juez se va formando, incluso con el nivel de discusión de los abogados que litigan. Luego asciende a juez provincial y luego a la Corte Nacional”.

Como ejemplo menciona a Mariana Yumbay Yallico. Obtuvo su título en el 2001 y desde el 2007 es jueza suplente de Tránsito de Bolívar. En cambio, Wilson Yovanni Merino Sánchez nació en 1971, obtuvo su título en el 2001 y desde el 2008 es fiscal de El Oro. En su ficha señala que antes trabajó por cuenta propia, desde el 2001, pero solo adjunta un RUC para “enseñanza superior en general”. “¿Qué van a hacer cuando les toque enfrentarse a los abogados más connotados del país?”.

Basabe cree que lo mismo podría ocurrir con quienes pasaron de la función pública a la Corte, sin litigar. “Pueden ser abogados, pero administrar la justicia en la máxima instancia es otra cosa”.
 
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