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Publicado el: 31/07/2013
José Acacho, un sentenciado más
Las sucesivas condenas por sabotaje y terrorismo en contra de líderes políticos que pertenecen a organizaciones opositoras y críticas del gobierno de Rafael Correa, no deja de causar preocupación y dudas, respecto a la independencia de la justicia, cuando de por medio están los intereses y las demandas presentadas por actores del oficialismo.

Hace poco tiempo fue condenada la profesora y exdirigente de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora, por supuesto sabotaje en los hechos ocurridos el 30 de septiembre, en Guayaquil. Fue sentenciada, en primera instancia, a ocho años de reclusión extraordinaria, según la justicia, porque instigó a estudiantes secundarios a salir de sus aulas y protestar en las calles.

La semana pasada se sumó a la lista de condenados el dirigente y asambleísta de Pachakutik, José Acacho, por ser protagonista de una protesta ocurrida el 30 de septiembre del 2009, en contra del proyecto de ley de Recursos Hídricos. En esos hechos murió el profesor Bosco Wisuma, por un disparo del que aún no se establece quién fue su responsable directo. Desde entonces, Acacho ha sido también uno de los más fuertes críticos del régimen, amparado en la línea más radical del movimiento indígena, que se opone por completo a la explotación minera, uno de los objetivos primordiales del Gobierno en este nuevo periodo.

Es difícil separar la línea crítica que expresan públicamente estos sentenciados, con el desarrollo de los juicios que han enfrentado. La dirigencia indígena habla claramente de criminalización de la protesta social, para callar las voces críticas que no están de acuerdo con las políticas que aplica la revolución ciudadana. Zamora y Acacho no son los únicos dirigentes enjuiciados. Preocupa, por ejemplo, que la justicia renovada por este Gobierno, no haya establecido todavía a los responsables de la muerte del profesor Wisuma ni tampoco a los autores de las muertes ocurridas el 30 de septiembre del 2010, que son los hechos más graves de los que se puede acusar, en estos acontecimientos. En estos delitos existe todavía impunidad. No así en hechos colaterales, en los que los acusados resultan ser opositores políticos, quienes no han ahorrado sus críticas ni han cambiado sus discursos después del inicio de estas acciones en su contra.

Algunos de los integrantes de este Gobierno también fueron reprimidos por sus protestas en las calles durante distintos gobiernos. Sorprende ahora su silencio ante la judicialización de actos en los que, años atrás, ellos mismos eran los protagonistas. Las luchas sociales siempre han sido las generadoras de los cambios que requiere un país, por eso no deberían ser silenciadas con estas penas.
 
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