Gobierno intenta frenar suspensión de magistrados que acusaron a tapia
El Gobierno presentó ayer un pedido de medidas cautelares para dejar sin efecto la suspensión de los jueces del Tribunal Segundo de Garantías Penales, que sentenció a los seis policías implicados en la toma de la Asamblea Nacional el 30 de septiembre del año anterior, y acusados de atentado a la seguridad del Estado.
Hasta el cierre de esta edición se conoció que el pedido lo analizaba el juez 21º de Garantías Penales de Flagrancia, Santiago Coba, y según voceros del Gobierno, había dado paso a la acción para que los jueces Renato Vásquez (presidente), Luis Manosalvas y Javier Andrade no sean suspendidos por el Consejo de la Judicatura (CJ).
Si es así, los jueces podrán retornar a sus oficinas, ya que ayer abandonaron sus despachos, pero al mismo tiempo fueron categóricos en decir que la sentencia en contra de Rolando Tapia, Francisco Noboa, Carlos Tasinchana, Mario Flores, Patricio Simancas y Marco Tibán, estaba en firme.
En las primeras horas de ayer, los jueces acudieron a sus despachos solo para recoger sus pertenencias y retirarse, en acatamiento a la disposición del presidente del CJ, Benjamín Cevallos, que suspendió a dos de ellos por 90 días, sin derecho a remuneración. Mientras, al juez Andrade, quien actuaba en calidad de ad-hoc, le retiró el encargo dado por el presidente del tribunal (Renato Vásquez) para que actúe en esa causa.
Los jueces mantienen su posición de que fueron notificados con la suspensión a las 15:00 del jueves pasado, cuando ellos ya cumplieron con el requisito de notificar con el texto de la sentencia contra Tapia y los otros cinco policías, ese mismo día, a las 12:30. A la madrugada del jueves también finalizó la elaboración del fallo.
Según el juez Andrade, no existe una lista de magistrados temporales elegibles, tal como lo afirma Benjamín Cevallos; por tanto, su designación fue legal. “La práctica de los jueces Ad- hoc está en la Ley, por eso no impugnaron al juez Andrade en ese periodo”, sostuvo.
Esta posición fue respaldada por el vocal del CJ, Max Ulpiano Salazar, quien advirtió que la disposición transitoria cuarta del Código de Procedimiento Penal determina que mientras se haga el nombramiento de los jueces suplentes a los que se refiere el artículo 266 del Código, continuarán actuando los jueces ad-hoc.
Mientras, la defensa de los acusados en el caso de atentado contra la seguridad interna del Estado, cuyo principal implicado es Rolando Tapia, consideran que la sentencia es nula.
Pero el presidente del CJ, Benjamín Cevallos, explicó que la resolución de suspensión que dictó en contra de los jueces del tribunal demoró dos horas, porque se tramitó a través de un acto urgente, por pedido de la asambleísta, Lourdes Tibán.
Según Cevallos, su resolución de suspender a los jueces del Tribunal fue legal porque el presidente de ese ente (Renato Vásquez, no podía designar para tramitar un asunto tan delicado a un juez (Xavier Andrade) que no constaba en el banco de elegibles. “Ese es un error inexcusable... debía procederse con criterio y minuciosidad”.
Por ello, advirtió que se deberá analizar la situación en la que queda la sentencia del tribunal en contra de los seis policías acusados de atentar a la seguridad interna del Estado.
Acusados
Para el exjefe de la escolta legislativa Rolando Tapia, acusado de autor de ese delito, se impuso una prisión de 3 años; a los policías Mario Flores y Patricio Simancas, considerados como cómplices, 18 meses de prisión; y, un año para Francisco Noboa, Carlos Tasinchana y Marco Tibán, señalados como encubridores.
Hasta el cierre de esta edición se conoció que el pedido lo analizaba el juez 21º de Garantías Penales de Flagrancia, Santiago Coba, y según voceros del Gobierno, había dado paso a la acción para que los jueces Renato Vásquez (presidente), Luis Manosalvas y Javier Andrade no sean suspendidos por el Consejo de la Judicatura (CJ).
Si es así, los jueces podrán retornar a sus oficinas, ya que ayer abandonaron sus despachos, pero al mismo tiempo fueron categóricos en decir que la sentencia en contra de Rolando Tapia, Francisco Noboa, Carlos Tasinchana, Mario Flores, Patricio Simancas y Marco Tibán, estaba en firme.
En las primeras horas de ayer, los jueces acudieron a sus despachos solo para recoger sus pertenencias y retirarse, en acatamiento a la disposición del presidente del CJ, Benjamín Cevallos, que suspendió a dos de ellos por 90 días, sin derecho a remuneración. Mientras, al juez Andrade, quien actuaba en calidad de ad-hoc, le retiró el encargo dado por el presidente del tribunal (Renato Vásquez) para que actúe en esa causa.
Los jueces mantienen su posición de que fueron notificados con la suspensión a las 15:00 del jueves pasado, cuando ellos ya cumplieron con el requisito de notificar con el texto de la sentencia contra Tapia y los otros cinco policías, ese mismo día, a las 12:30. A la madrugada del jueves también finalizó la elaboración del fallo.
Según el juez Andrade, no existe una lista de magistrados temporales elegibles, tal como lo afirma Benjamín Cevallos; por tanto, su designación fue legal. “La práctica de los jueces Ad- hoc está en la Ley, por eso no impugnaron al juez Andrade en ese periodo”, sostuvo.
Esta posición fue respaldada por el vocal del CJ, Max Ulpiano Salazar, quien advirtió que la disposición transitoria cuarta del Código de Procedimiento Penal determina que mientras se haga el nombramiento de los jueces suplentes a los que se refiere el artículo 266 del Código, continuarán actuando los jueces ad-hoc.
Mientras, la defensa de los acusados en el caso de atentado contra la seguridad interna del Estado, cuyo principal implicado es Rolando Tapia, consideran que la sentencia es nula.
Pero el presidente del CJ, Benjamín Cevallos, explicó que la resolución de suspensión que dictó en contra de los jueces del tribunal demoró dos horas, porque se tramitó a través de un acto urgente, por pedido de la asambleísta, Lourdes Tibán.
Según Cevallos, su resolución de suspender a los jueces del Tribunal fue legal porque el presidente de ese ente (Renato Vásquez, no podía designar para tramitar un asunto tan delicado a un juez (Xavier Andrade) que no constaba en el banco de elegibles. “Ese es un error inexcusable... debía procederse con criterio y minuciosidad”.
Por ello, advirtió que se deberá analizar la situación en la que queda la sentencia del tribunal en contra de los seis policías acusados de atentar a la seguridad interna del Estado.
Acusados
Para el exjefe de la escolta legislativa Rolando Tapia, acusado de autor de ese delito, se impuso una prisión de 3 años; a los policías Mario Flores y Patricio Simancas, considerados como cómplices, 18 meses de prisión; y, un año para Francisco Noboa, Carlos Tasinchana y Marco Tibán, señalados como encubridores.
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