Fiscalía debe dar paso a procesos en contra de Enrique Arosemena

Usted dijo que iba a iniciar acciones en contra de Enrique Arosemena. ¿Cumplirá con ese anunció?

Esta semana empezaremos con dos denuncias. La una es de carácter administrativo y tiene que ver con que la Contraloría, habiendo determinado que Arosemena no entregó la declaración patrimonial de bienes, debe notificar de manera inmediata al directorio de Ecuador TV para que destituya al funcionario.

¿Cuál es el otro campo en el que pondrá demandas?

Las otras son de carácter penal por peculado, en el tema de Peucro. Después presentaremos más denuncias que tienen que ver con falsificación de documentos públicos, utilización dolosa de documentos falsos, por falsificación de identidad y la usurpación de función pública.

¿A se qué debe el último punto?

Arosemena no cumplió, cuando fue designado en noviembre de 2007 como gerente de Ecuador TV con la Ley de Empresas Públicas, que señala que, para ser gerente, se requiere que la persona tenga como mínimo un título profesional de tercer nivel.

Explique si Arosemena, el momento de hacerse cargo de la gerencia de Ecuador TV, tenía deudas.

Él (Arosemena) tiene varias sentencias: una de ellas es la de 2004, en la que le ordenaban pagar más de $10 mil, otra del 2009, por la suma de $750 mil. En total, tiene cinco sentencias, las cuales sobrepasan los $800 mil y que no hizo constar en la única declaración patrimonial jurada de bienes que presentó en 2011. De aquí deriva el delito de perjurio.

¿Pedirá una auditoría de las cuentas bancarias de Arosemena?

Evidentemente, pero también de su esposa, así como de los parientes cercanos de la pareja. Se les debe hacer un análisis de las cuentas y bienes.

¿Cómo es eso de que entidades del Estado hicieron aportaciones para la capitalización del canal del Estado?

En la auditoría que hizo la Contraloría solo pudo determinar que Ecuador TV registro $2 millones de ingresos, $8 millones de gastos y, por tanto, hubo $6 millones de pérdidas, y para sostener el canal el Ministerio de Cultura, el Conartel y la Coorporación Nacional de Telecomunicaciones inyectaron mas de $12 millones bajo la figura de futura capitalización. El dolo se realizó en el montaje y la puesta en operación del canal Ecuador TV, ahí se invirtieron $6 050 200 entre 2007 y 2008.      Venezuela también aportó con $15 millones.

¿Y cuál fue la conclusión de la auditoría hecha por la Contraloría?

Que Arosemena no presentó los balances ni los inventarios detallando los bienes de los dos últimos años. Con eso, incumplió con lo que establece el estatuto social, a saber, el reglamento de Ecuador TV.

¿Pero la entidad de control emitió o no su informe señalando indicios de responsabilidad penal?

La Contraloría se hizo la de la vista gorda, se quedó con los brazos cruzados y no determinó indicios de responsabilidad penal.

¿Qué hará usted para q    ue ese pronunciamiento cambie, ya que, sin el dictamen de la Contraloría, la Fiscalía no puede iniciar acciones legales, por lo menos en los delitos contra la  administración pública como el peculado?

Exigiré que la Contraloría vuelva a revisar esos valores y, en una segunda vez, no pueden decir que, al no presentarles los balances, ellos no pueden pronunciarse. Basta con que no hayan hecho eso para que se determinen responsabilidades.

A su criterio, ¿qué debería hacer la Fiscalía en este caso, cuando usted presente las denuncias penales?

La Fiscalía no puede poner como pretexto que no hay un pronunciamiento de la Contraloría que señale indicios de responsabilidad penal.

¿Qué otras personas habrían cometido irregularidades en la firma de contratos con la empresa estatal Ecuador TV?

Marcelo Vélez fue en su momento proveedor incumplido de Ecuador TV, tanto que el ingeniero César Macías, gerente técnico de RTV Ecuador, en memorando del 17 de diciembre de 2008, sugirió que Vélez no podía tener más contratos como proveedor; pero el 15 de febrero de 2009, por autorización de Arosemena, Vélez pasó a dar servicios profesionales al canal del Estado.

¿Eso es todo lo relacionado con Vélez?

No. En la condición de funcionario público, le adjudicaron un contrato por $1 072 580, por lo que se violentan las leyes de Servicio Público y de Empresas Públicas. Esta señala en su art. 31, numeral 1, la prohibición de que los funcionarios públicos se comprometan con actividades que impliquen contraposición de intereses con los de la empresa pública.

¿Lo anterior también se aplica para Arosemena?

Por supuesto. Además, cuando se aprovecha del cargo para hacer concesiones ilegales, hay sanciones establecidas en el Código Penal.
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