Exprocurador Diego García es censurado por la Asamblea Nacional. Su caso irá a la Fiscalía
Hace aproximadamente un año, los delegados de la Procuraduría llegaron tarde a una audiencia sumamente delicada para el país, la del juicio por asociación ilícita contra el exvicepresidente Jorge Glas. Esto ocasionó que la Procuraduría quedara fuera del caso.
Esto, entre otros motivos, propiciaron el juicio político contra el exprocurador Diego García, mismo que fue interpuesto por la asambleísta Mae Montaño Valencia.
Es así que uno de los cargos que pesarían sobre García es el de "incumplimiento de las funciones de representación judicial y patrocinio del Estado en la modalidad de negligencia manifiesta en el juicio contra Jorge Glas y otros por el delito de asociación ilícita", según Montaño.
Durante su intervención, la legisladora Mae Montaño reiteró sus acusaciones afirmando que por 10 años, el exprocurador García, permitió el abuso de los fondos públicos, incumplió con su obligación de defender los intereses del Estado y permitió el retorno de la empresa Odebrecht, que perjudicó al país. “Este es el juicio político del pueblo ecuatoriano al que le duele la corrupción”, dijo.
Son varias las acusaciones que pesaron hoy sobre la actuación del exprocurador Diego García, quien se escudó diciendo que se ha vulnerado el debido proceso y su derecho a la defensa, a pesar de habérsele permitido presentar sus pruebas de descargo ante la Asamblea.
García también apeló al paso del tiempo, afirmando que ya es muy tarde para la Asamblea revisar sus actuaciones de hace nueve años.
En noviembre del 2018 la asambleísta Montaño mencionó que se debía exigir a la Contraloría del Estado, una investigación sobre el uso de recursos de millonarias sumas de dinero para contratar en Estados Unidos a empresas que tendrían vínculos con amistades de Diego García; así como la contratación millonaria de bufetes de abogados externos.
Otro de los interpelantes de García, el asambleísta Raúl Tello, agregó un nuevo cargo por el cual se deberá investigar al exprocurador. Tello aseguró que en la actuación de García existió "arrogación de funciones y desviación de poder".
Tello agregó que García incluso publicó libros de su autoría con el auspicio de la Procuraduría, utilizando recursos públicos.
Algunos asambleístas señalaron, que Diego García se preocupó más de ser un obsecuente servidor del Gobierno pasado, que defender los intereses del país en las actuaciones que le correspondían como abogado del Estado.
En total fueron 87 votos que sumaron para censurar al exprocurador García, entre esos votos incluso estuvieron algunos del correísmo.
La resolución de censura aprobada hoy determina que del expediente de juicio político se derivan indicios de responsabilidad penal y que, por tanto, la documentación se remita a la Fiscalía General del Estado, así como a la Contraloría para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Con información de la Asamblea Nacional. Foto: Medio público Andes.info.
Esto, entre otros motivos, propiciaron el juicio político contra el exprocurador Diego García, mismo que fue interpuesto por la asambleísta Mae Montaño Valencia.
Es así que uno de los cargos que pesarían sobre García es el de "incumplimiento de las funciones de representación judicial y patrocinio del Estado en la modalidad de negligencia manifiesta en el juicio contra Jorge Glas y otros por el delito de asociación ilícita", según Montaño.
Durante su intervención, la legisladora Mae Montaño reiteró sus acusaciones afirmando que por 10 años, el exprocurador García, permitió el abuso de los fondos públicos, incumplió con su obligación de defender los intereses del Estado y permitió el retorno de la empresa Odebrecht, que perjudicó al país. “Este es el juicio político del pueblo ecuatoriano al que le duele la corrupción”, dijo.
Son varias las acusaciones que pesaron hoy sobre la actuación del exprocurador Diego García, quien se escudó diciendo que se ha vulnerado el debido proceso y su derecho a la defensa, a pesar de habérsele permitido presentar sus pruebas de descargo ante la Asamblea.
García también apeló al paso del tiempo, afirmando que ya es muy tarde para la Asamblea revisar sus actuaciones de hace nueve años.
En noviembre del 2018 la asambleísta Montaño mencionó que se debía exigir a la Contraloría del Estado, una investigación sobre el uso de recursos de millonarias sumas de dinero para contratar en Estados Unidos a empresas que tendrían vínculos con amistades de Diego García; así como la contratación millonaria de bufetes de abogados externos.
Otro de los interpelantes de García, el asambleísta Raúl Tello, agregó un nuevo cargo por el cual se deberá investigar al exprocurador. Tello aseguró que en la actuación de García existió "arrogación de funciones y desviación de poder".
Tello agregó que García incluso publicó libros de su autoría con el auspicio de la Procuraduría, utilizando recursos públicos.
Algunos asambleístas señalaron, que Diego García se preocupó más de ser un obsecuente servidor del Gobierno pasado, que defender los intereses del país en las actuaciones que le correspondían como abogado del Estado.
En total fueron 87 votos que sumaron para censurar al exprocurador García, entre esos votos incluso estuvieron algunos del correísmo.
La resolución de censura aprobada hoy determina que del expediente de juicio político se derivan indicios de responsabilidad penal y que, por tanto, la documentación se remita a la Fiscalía General del Estado, así como a la Contraloría para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Con información de la Asamblea Nacional. Foto: Medio público Andes.info.
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