De 19 casos por el 30s, dos tienen sentencia en firme
Dos años y seis meses después de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, las investigaciones están lejos de concluir.
La Fiscalía registra la apertura de 19 expedientes. Cinco continúan en indagación previa, tres en instrucción fiscal, dos en casación, seis están en diferentes instancias judiciales, una indagación fue archivada y dos casos concluyeron con una sentencia ejecutoriada en firme: los juicios instaurados en contra de los coroneles César Carrión, exdirector del hospital de la Policía; y Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa.
Tres instancias ratificaron la inocencia de Carrión, acusado de tentativa de magnicidio. Los procesados Luis Bahamonde, Jaime Paucar y Luis Martínez, acusados en el mismo caso, fueron condenados. El presidente Rafael Correa indultó a los dos primeros.
Tapia fue sancionado a tres años de cárcel. Con él fueron sentenciados Marco Tibán, Carlos Tasinchana, Patricio Simancas, Mario Flores y Javier Noboa. Las condenas quedaron en firme, informó la Fiscalía. Mario Flores estuvo preso 18 meses. Salió libre y trabaja con sus padres. Analizará un pedido de revisión de su pena.
La incertidumbre continúa para más de cien uniformados, entre militares y policías. Para ellos, las investigaciones recién empezaron. En el primer grupo, 84 uniformados son acusados de paralizar los servicios públicos en la Base Aérea y el exaeropuerto Mariscal Sucre de Quito. La indagación previa inició el 18 de octubre de 2010, pero recién el 26 de marzo el fiscal Iván Ron formuló cargos en contra de los militares e inició la instrucción. Todos recibieron medidas sustitutivas.
Otros 17 policías esperan la audiencia preparatoria de juicio prevista para los primeros días de mayo, en el proceso por rebelión e insubordinación registrado en la Central de Radiopatrulla. El fiscal Gustavo Benítez investigó la causa.
En otro expediente por presunta rebelión policial, 10 gendarmes acudirán el lunes 1 de julio, a las 08:30, a la audiencia de apelación a la sentencia emitida por el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha. Otro gendarme espera ser juzgado el 15 de mayo, a las 08:30
La Fiscalía también investiga la muerte de Pablo Bolaños. Un oficial fue llamado a juicio por homicidio inintencional. El caso está en la Corte de Pichincha que tiene que resolver un recurso de nulidad.
Las muertes de Froilán Jiménez, Jacinto Calderón, el caso de La Recoleta, una denuncia de la asambleísta Irina Cabezas (PAIS) y la presunta instigación para delinquir, denunciada por el ministro del Interior, José Serrano, no han pasado de la indagación.
La familia de Jiménez ya no espera que la Fiscalía encuentre al responsable de su muerte. Sandra, hermana del agente del GIR, señaló que en los dos años y medio seis fiscales conocieron el expediente sin resultados. Ella aseguró que por esa razón pidió el archivo del proceso, para acudir a instancias internacionales. Dijo que no tuvo respuesta.
Distinta suerte corrió la denuncia del asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik) en contra del presidente Correa: fue archivada y declarada maliciosa y temeraria. Él y los activistas Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio fueron condenados por injurias. Apelaron el fallo.
casos en provincias. La revuelta del 30 de septiembre también tuvo sus repercusiones en Guayas, Bolívar, Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi.
En Guayas, la Fiscalía investigó el cierre del puente de la Unidad Nacional de Durán. El Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Guayas ratificó la inocencia de cuatro oficiales. En Bolívar, el coronel Marcelo Vaca espera que la Corte resuelva la casación que presentó la Fiscalía en contra de los tres meses de condena impuestos.
En Cotopaxi, siete dirigentes del MPD recibieron sentencia por la toma de la Gobernación. En Imbabura, el mayor Mario Torres y otros esperan audiencia de suspensión condicional, según la Fiscalía.
La Fiscalía registra la apertura de 19 expedientes. Cinco continúan en indagación previa, tres en instrucción fiscal, dos en casación, seis están en diferentes instancias judiciales, una indagación fue archivada y dos casos concluyeron con una sentencia ejecutoriada en firme: los juicios instaurados en contra de los coroneles César Carrión, exdirector del hospital de la Policía; y Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa.
Tres instancias ratificaron la inocencia de Carrión, acusado de tentativa de magnicidio. Los procesados Luis Bahamonde, Jaime Paucar y Luis Martínez, acusados en el mismo caso, fueron condenados. El presidente Rafael Correa indultó a los dos primeros.
Tapia fue sancionado a tres años de cárcel. Con él fueron sentenciados Marco Tibán, Carlos Tasinchana, Patricio Simancas, Mario Flores y Javier Noboa. Las condenas quedaron en firme, informó la Fiscalía. Mario Flores estuvo preso 18 meses. Salió libre y trabaja con sus padres. Analizará un pedido de revisión de su pena.
La incertidumbre continúa para más de cien uniformados, entre militares y policías. Para ellos, las investigaciones recién empezaron. En el primer grupo, 84 uniformados son acusados de paralizar los servicios públicos en la Base Aérea y el exaeropuerto Mariscal Sucre de Quito. La indagación previa inició el 18 de octubre de 2010, pero recién el 26 de marzo el fiscal Iván Ron formuló cargos en contra de los militares e inició la instrucción. Todos recibieron medidas sustitutivas.
Otros 17 policías esperan la audiencia preparatoria de juicio prevista para los primeros días de mayo, en el proceso por rebelión e insubordinación registrado en la Central de Radiopatrulla. El fiscal Gustavo Benítez investigó la causa.
En otro expediente por presunta rebelión policial, 10 gendarmes acudirán el lunes 1 de julio, a las 08:30, a la audiencia de apelación a la sentencia emitida por el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha. Otro gendarme espera ser juzgado el 15 de mayo, a las 08:30
La Fiscalía también investiga la muerte de Pablo Bolaños. Un oficial fue llamado a juicio por homicidio inintencional. El caso está en la Corte de Pichincha que tiene que resolver un recurso de nulidad.
Las muertes de Froilán Jiménez, Jacinto Calderón, el caso de La Recoleta, una denuncia de la asambleísta Irina Cabezas (PAIS) y la presunta instigación para delinquir, denunciada por el ministro del Interior, José Serrano, no han pasado de la indagación.
La familia de Jiménez ya no espera que la Fiscalía encuentre al responsable de su muerte. Sandra, hermana del agente del GIR, señaló que en los dos años y medio seis fiscales conocieron el expediente sin resultados. Ella aseguró que por esa razón pidió el archivo del proceso, para acudir a instancias internacionales. Dijo que no tuvo respuesta.
Distinta suerte corrió la denuncia del asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik) en contra del presidente Correa: fue archivada y declarada maliciosa y temeraria. Él y los activistas Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio fueron condenados por injurias. Apelaron el fallo.
casos en provincias. La revuelta del 30 de septiembre también tuvo sus repercusiones en Guayas, Bolívar, Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi.
En Guayas, la Fiscalía investigó el cierre del puente de la Unidad Nacional de Durán. El Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Guayas ratificó la inocencia de cuatro oficiales. En Bolívar, el coronel Marcelo Vaca espera que la Corte resuelva la casación que presentó la Fiscalía en contra de los tres meses de condena impuestos.
En Cotopaxi, siete dirigentes del MPD recibieron sentencia por la toma de la Gobernación. En Imbabura, el mayor Mario Torres y otros esperan audiencia de suspensión condicional, según la Fiscalía.
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Tags: Fernando Villavicencio fernando villavicencio 30s Quito