Clausuran oficinas de crítico de Rafael
QUITO
El Servicio de Rentas Internas (SRI) clausuró ayer tres de las cuatro oficinas de la empresa El Asesor Contable, de Carlos Calero, quien el 12 de marzo pasado demandó la inconstitucionalidad del cobro del anticipo del Impuesto a la Renta y ha dicho que el presidente Rafael Correa debe declarar impuestos de los $ 600.000 que recibió del banco Pichincha por daño moral.
La medida se ejecutó en las oficinas de Manta, Quito y Guayaquil. Machala estaba operativa hasta ayer.
El argumento del SRI, según la resolución, es que esta empresa no remitió información del periodo fiscal 2008. Calero explica que el requerimiento se refiere a datos sobre ingresos y gastos de la empresa, de su esposa y de sus dos hijos, pero que el pedido es extemporáneo por hacerlo en el 2012, pues la facultad determinadora del SRI sobre un ejercicio fiscal caduca en tres años.
Calero cree que se trata de una persecución por su trabajo de intentar clarificar al público sobre el pago adecuado de impuestos. Por ello, presentó una impugnación de la medida ante el Tribunal Distrital Fiscal, solicitó destituir a la directora regional norte del SRI, Paola Hidalgo, y pago de daños.
Un directivo del SRI resaltó ayer que Calero tuvo casi un mes para presentar la información requerida.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) clausuró ayer tres de las cuatro oficinas de la empresa El Asesor Contable, de Carlos Calero, quien el 12 de marzo pasado demandó la inconstitucionalidad del cobro del anticipo del Impuesto a la Renta y ha dicho que el presidente Rafael Correa debe declarar impuestos de los $ 600.000 que recibió del banco Pichincha por daño moral.
La medida se ejecutó en las oficinas de Manta, Quito y Guayaquil. Machala estaba operativa hasta ayer.
El argumento del SRI, según la resolución, es que esta empresa no remitió información del periodo fiscal 2008. Calero explica que el requerimiento se refiere a datos sobre ingresos y gastos de la empresa, de su esposa y de sus dos hijos, pero que el pedido es extemporáneo por hacerlo en el 2012, pues la facultad determinadora del SRI sobre un ejercicio fiscal caduca en tres años.
Calero cree que se trata de una persecución por su trabajo de intentar clarificar al público sobre el pago adecuado de impuestos. Por ello, presentó una impugnación de la medida ante el Tribunal Distrital Fiscal, solicitó destituir a la directora regional norte del SRI, Paola Hidalgo, y pago de daños.
Un directivo del SRI resaltó ayer que Calero tuvo casi un mes para presentar la información requerida.
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