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Publicado el: 16/11/2010
Ecuador: informe de la SIP noviembre 2010
ECUADOR
Informe ante la Asamblea General
Mérida, México
Noviembre 2010

Las amenazas contra la libertad de expresión, que continuaron durante los últimos meses, se
redoblaron a partir del 30 de septiembre, día en que la Policía Nacional y parte de la Fuerza
Aérea se sublevaron contra el presidente Rafael Correa.

Ese día se ordenó a todos los medios de comunicación que suspendieran sus transmisiones y
retransmitieran la cadena oficial “ininterrumpida e indefinida”, con lo cual los ciudadanos solo
pudieron conocer la versión del régimen. Luego se quiso justificar esa decisión con el
argumento de que entró en vigencia el estado de excepción, a pesar de que la cadena
comenzó antes de que se expidiese dicho decreto y de que no se cumpliese con el requisito
constitucional de precisar qué libertades se restringían.

Desde entonces, varios ciudadanos han sido intimidados o detenidos de manera ilegal por
expresar su desacuerdo con la tesis oficial del intento de golpe de Estado o por haber dicho
que apoyaban el reclamo de los policías. A los acusados no se les ha garantizado el debido
proceso.

Uno de los casos más graves es el del director del Hospital de la Policía, donde el Presidente
se recluyó ese día. El Primer Mandatario lo acusó de participar del “intento de asesinato” en su
contra casi un mes después de los acontecimientos y solo horas después de que el médico le
dijese a CNN que nunca vio que nadie amenazase a Correa con un arma.

El Canciller ha dicho que el Gobierno “desgraciadamente” no controla todos los medios de
comunicación, lo que hace suponer que podría acelerarse la aprobación del proyecto de Ley de
Comunicación del régimen. Su trámite quedó en suspenso luego de una carta que envió en
julio la Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en la que expresó su preocupación por las disposiciones que en dicho texto legal se
pretende incluir. El 29 de octubre la Comisión anunció que una delegación del organismo
viajará en enero a Ecuador, antes de que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto para
seguir de cerca el debate.

Otros hechos relevantes en orden cronológico son:

El 25 de marzo, Rubén Montoya, director del diario incautado por el Gobierno El Telégrafo, es
destituido por “mal manejo comercial y las pérdidas registradas" durante su gestión. Días más
tarde renunciaron la subdirectora Carol Murillo y 21 columnistas de opinión, estos últimos
mediante un manifiesto en el que denunciaron “actos de censura y de violación de los derechos
a la libertad de expresión y de prensa”.

El 1 de mayo, el Presidente inicia su enlace afirmando que los voceadores de periódicos son
“gente muy explotada” y que son los periódicos los que deben pagar IVA y no los voceadores.

El 19 de mayo, Carlos Delgado, periodista de diario El Mercurio de Manta, fue hospitalizado un
día después de que el comunicador denunciara que fue agredido y encarcelado por varios
policías, tras fotografiar a personas que eran detenidas en la playa.

En junio, durante todo el Mundial de Fútbol, el Gobierno difunde una campaña publicitaria
agresiva contra los medios de comunicación mostrando imágenes de víboras y disparos de
armas de fuego para representar el contenido de los noticiarios. Distintos sectores critican la
campaña, pero el Presidente contesta: “Estoy muy contento… porque refleja bastante bien el
sentir, esa ira que tenemos los ciudadanos al ver ciertos abusos de cierta prensa, no de toda…
Les están dando un poco de su propia medicina”.


El 1 de julio, la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional entrega el informe favorable
de mayoría del proyecto de Ley de Comunicación. El siguiente paso deberá ser su aprobación
en el pleno, trámite que se posterga indefinidamente.

Días más tarde, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Catalina Botero, envía una carta al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, en la que
critica la “reacción ambigua” de varios artículos del proyecto que podrían servir para “dar un
poder discrecional a las autoridades de control” sobre el sistema de comunicación. La relatora
critica, asimismo, que se pretenda imponer el título universitario como condición para ejercer el
periodismo y la conformación de un Consejo de Comunicación,

Human Rights Watch, en otra carta, expresa preocupaciones muy parecidas.

El 4 de julio, cada uno de los diarios El Comercio, EL UNIVERSO, Expreso, Hoy, El Diario de
Manabí, entre otros, dirigen cartas al secretario de Comunicación, Fernando Alvarado,
solicitándole que diga cuáles son los medios ladrones y que fomentan la violencia de los que se
habla en la campaña propagandística que transmitió el Gobierno durante el Mundial de Fútbol.
Alvarado niega esa información. Diario EL UNIVERSO se dirige, entonces, con la misma
solicitud al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler, quien contesta que “en
poder del Presidente de la República no están los documentos” que se solicitan.

El 12 de agosto, la Junta Bancaria modifica la disposición constitucional que prohíbe que
personas vinculadas al sector financiero mantengan al mismo tiempo acciones de un medio de
comunicación. Para eso, la Junta amplía dicha prohibición a los cónyuges o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los accionistas, miembros del
directorio, representantes legales y apoderados de cualquier institución bancaria. Al mismo
tiempo, autoriza que dicha participación en la propiedad de un medio pueda existir siempre y
cuando sea inferior al 25% del capital.

Más adelante, la Asamblea Nacional amenaza con investigar dicha resolución. La Junta
Bancaria, entonces, cambia de postura. Ahora los accionistas y representantes de los bancos,
sus cónyuges y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de
afinidad no podrán tener ninguna participación en la propiedad de un medio de comunicación.

El 20 de agosto se dicta orden de prisión en contra de Juan Alcívar, corresponsal del diario La
Hora en La Concordia, a quien la Fiscalía acusó de terrorismo porque supuestamente lanzó
una bomba lacrimógena durante un mitin del presidente Correa. Para la emisión de esta orden
de prisión fue decisiva la declaración de un funcionario del Municipio de La Concordia, cuyo
Alcalde había criticado duramente a Alcívar en los últimos meses por su labor periodística.
Alcívar pasó a la clandestinidad aduciendo que no existían las garantías de un juicio justo. El
13 de septiembre se sustituyó la orden de prisión preventiva por la obligación de acudir cada
quince días al juzgado.

El 27 de agosto, el periodista Jorge Ortiz, de Teleamazonas, hace su última aparición en su
programa de televisión. Explica que ha resuelto “dar un paso al costado para no ser un
obstáculo en la venta del canal”. Teleamazonas debe cambiar de propietarios, porque la nueva
Constitución prohíbe que los banqueros tengan acciones en medios.

El 31 de agosto, el periodista Juan Carlos Calderón, coautor con Cristian Zurita del libro El
Gran Hermano, informa que un funcionario de la Fiscalía le solicitó por teléfono su dirección y
la de su compañero para “enviarles una notificación”. El libro El Gran hermano relata los
contratos que el Gobierno tuvo con Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República.

El 6 de septiembre, el Gobierno suma otro medio más en su poder con el matutino PP, El
Verdadero. “Todos a comprar El Verdadero y empezar a derrotar a estas empresas lucrativas
que dicen que hacen comunicación y en verdad solo defienden sus propios negocios e
intereses”, dijo el presidente Rafael Correa días antes de su lanzamiento.


El 10 de septiembre, el juez Tercero de Garantías Penales de Loja, Humberto Aguilera, ordena
el bloqueo y embargo de la cuenta bancaria del periodista Freddy Aponte, acusado por el ex
alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, de supuesta injuria calumniosa.

El 17 de septiembre, la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, pide que se
impida la distribución del libro El Gran Hermano, en el que se la menciona, y “se recuperen” los
ejemplares que ya se hayan vendido.

El 30 de septiembre, cerca del mediodía, todos los medios privados de radio y televisión son
obligados a unirse a la cadena “ininterrumpida” que encabezan el canal Ecuador TV y la Radio
Pública. No se unen a la cadena Radio La Luna, propiedad de Paco Velasco, asambleísta de
Gobierno, y la Radio Municipal de Quito, dependiente del Alcalde de filiación gubernamental.
Ambas emisoras mantienen una programación afín con el contenido de la cadena.

Más tarde, el Gobierno pretende justificarse con el argumento de que había entrado en
vigencia el estado de excepción, a pesar de que el decreto correspondiente fue expedido luego
de la orden a los medios de cesar sus transmisiones y de que no se cumplió con el requisito
constitucional de precisar qué libertades quedarían restringidas.

Al caer la tarde del mismo 30 de septiembre, un grupo de personas ingresa violentamente al
set de Ecuador TV para exigir que se permita a sectores no gobiernistas que expresen su
punto de vista sobre lo que está ocurriendo.

Ya al anochecer, Ecuavisa y Teleamazonas abandonan la cadena para difundir las imágenes
de la incursión armada en el Hospital de la Policía donde está el Presidente de la República.

La organización Fundamedios registra 22 agresiones a periodistas de medios públicos y
privados, en Quito y en otras ciudades, en el transcurso del 30 de septiembre. En algunos
casos, los policías sublevados obligaron a los periodistas a entregar el contenido de sus
cámaras de fotografía o televisión. El caso más grave fue el de Antonio Narváez, camarógrafo
de Ecuavisa, quien recibió el impacto de una bala de goma.

Ecuavisa denunció también que un grupo de policías intentó cortar la transmisión del canal
agrediendo a su personal en las antenas ubicadas en las faldas del volcán Pichincha, en Quito.
Una denuncia similar hizo el canal estatal Ecuador TV.

El 5 de octubre, diario Hoy de Quito recibe por escrito la información de que por orden de la
Secretaría de Comunicación de la Presidencia existe prohibición gubernamental para todas las
empresas públicas y entidades de Gobierno de anunciar en este diario. Diario Hoy menciona
que desde hace más de un año soporta esta prohibición.

El 12 de octubre, Andrea Romero, reportera de Teleamazonas, fue agredida por una persona
desconocida mientras cubría un operativo policial en un mercado de la ciudad de Quito.

El 15 de octubre, varios asambleístas de oposición presentan un recurso de protección contra
el Presidente de la República, el Secretario de la Administración Pública y el Secretario de
Comunicación, con motivo de la cadena de radio y televisión “indefinida e ininterrumpida” del
30 de septiembre. La jueza Tercera de Garantías Penales, Gladys Terán, rechaza la acción de
protección el 28 de octubre.

El 16 de octubre, el presidente del Banco Pichincha, Fidel Egas, informa que la propiedad de
Teleamazonas y Dinediciones (casa editorial de las revistas Mundo Diners, Fucsia, Soho y
Gestión) se distribuirá entre varios trabajadores y empleados del canal, un grupo de amigos
suyos y el grupo que edita diario La República de Perú. Tres días después, el presidente de la
Asamblea, Fernando Cordero, afirma que el traspaso de las acciones de Teleamazonas podría
ser un caso de testaferrismo, por lo que se investigará la operación.

El 18 de octubre, simpatizantes del Gobierno intimidan a Félix Narváez y el equipo periodístico
de Ecuavisa que cubría los incidentes entre familiares de los policías sublevados y
simpatizantes del Gobierno frente al Palacio de Carondelet.


El 21 de octubre, Ricardo Patiño, canciller del Ecuador y secretario ejecutivo del partido de
Gobierno, al ser consultado sobre los motivos de la cadena del 30 de septiembre, expresó:
“Tontos no somos para permitirles a los medios que estén atacándonos, aunque
desgraciadamente no tenemos el control de los medios". Más tarde agrega que las víctimas de
la rebelión del 30 de septiembre, 10 muertos y más de 200 heridos, es normal que se
produzcan en un proceso revolucionario como el que tratan de impulsar.

El 23 de octubre, el presidente Correa ordena que se cancele y enjuicie al director del Hospital
de la Policía Nacional, coronel César Carrión, por haber declarado en una entrevista con CNN
que no vio a nadie amenazando con un arma al Primer Mandatario el 30 de septiembre. Más
tarde, el Presidente lo acusó de que ese día Carrión cerró las puertas del hospital con un
candado para impedirle el ingreso. A los pocos días, el 27 de octubre, el coronel fue apresado
bajo el cargo de “tentativa de asesinato” contra el Presidente. Actualmente cumple una orden
de prisión de 90 días mientras es investigado.

El 25 de octubre, la Presidencia informa que no incluirá en su página web los nombres, viáticos
recibidos y otros datos de funcionarios del Gobierno por razones de seguridad, lo que
claramente viola la Ley de Libre Acceso a la Información vigente en Ecuador.

El 29 de Octubre, representantes de Fundamedios y de la AEDEP (Asociación Ecuatoriana de
Editores de Periódicos) son recibidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para que expongan sus observaciones al proyecto de Ley de Comunicación y las
denuncias de ataques contra periodistas y medios de comunicación. Una delegación de
organismos del Estado (Gobierno, Asamblea Nacional, Procuraduría) expone también sus
argumentos. La CIDH recordó que Ecuador se ha comprometido a despenalizar los delitos
relacionados con la libertad de expresión, pero el representante de la Asamblea Nacional
reconoció que no se avanzó en el tema. Al culminar el diálogo, la Comisión solicitó más
información sobre la agresión a periodistas y acordó que una delegación del organismo viaje a
Ecuador en enero antes de que se apruebe el proyecto para seguir de cerca el debate.


 
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