Deterioro del Territorial fue por el modelo operativo

Su accionista principal prieto francesco zunino tiene orden de prisión

El fiscal Galo Chiriboga en declaraciones dadas en Quito, y de acuerdo a indagaciones preliminares determina supuesto peculado

A más de $1,3 millones ascendería el monto que no cuenta con cobertura de depósitos y que debe esperar el proceso de liquidación forzosa del banco Territorial.

Esto, dentro de un total de $129 millones de obligaciones que la entidad bancaria tenía con el público, según el Estado de Situación Consolidado y Condensado de Sistema Bancario que registra la Superintendencia de Bancos hasta febrero de 2013.

A la espera de la negociación estarían 500 clientes, entre personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y transferencias.

Todos estos clientes, según las declaraciones del Superintendente de Bancos, Pedro Solines, dada a una cadena televisiva, tendrían depósitos en el Territorial por sobre los $31 mil. Este monto es el tope de lo que cubre la Corporación de Seguros de Depósitos (Consede), creada hace tres años y que se alimenta de las aportaciones que hace cada uno de los 26 bancos que existe en el sistema.

Los 78 500 clientes restantes sí se acogen a la cobertura del Consede. Pero dentro de este grupo, 25 mil tendrían depósitos inferiores a $1, por lo que -de acuerdo a Solines- son 53 500 las cuentas que están garantizadas hasta los $31 mil.

La situación financiera del banco, según los registros de la Superintendencia de Bancos, sostiene que el monto de los depósitos a la vista (cuentas corrientes y ahorros) significaban $43 millones; los depósitos a largo plazo, $85 millones; y el resto, $158 mil, son depósitos bajo la categoría de restringidos o por concretarse.

Las cifras también revelan que el banco -en cese de operaciones- tenía un índice de morosidad de su cartera de 22%, cuando el promedio va entre el 2,4% y el 3%.

La mayoría de dinero entregado por el Territorial a su clientela se direccionó al consumo (24%), a los microempresarios (20%), al sector de la vivienda (17%) y a los créditos productivos (15%).

Y con ello queda demostrado que la operatividad del banco siempre estuvo ligada al consumo, en su mayoría mediante tarjetas de crédito para financiar la actividad de las tiendas casa Tosi que el grupo poseía hasta octubre de 2012. Mientras los préstamos directos fueron destinados para la adquisición de carros, entro otros rubros.

Pero este segmento comenzó a representar un alto riesgo, desde hace más de tres años. Esto lo reconoció el propio superintendente Pedro Solines, cuando anunció la suspensión de operaciones del banco.

El analista financiero Alberto Acosta Burneo confirma que los índices negativos que arroja la cartera impaga, que no devenga ningún tipo de intereses, no se detectan de la noche a la mañana. El deterioro comenzó a reflejarse no solo en los balances sino también en los altos intereses de cobro para ganar cierta rentabilidad y en la conquista de clientes. "Eso es un síntoma de que la entidad financiera necesita fondearse".

Entre el gancho para atraer clientela se destacan atractivos planes de pagos para la tarjeta Creditosi. Rosario Moscoso compró una lavadora valorada en $600 en octubre de 2012, eso amparada en una oferta de pago que comenzaría a regir recién este mes. Es decir un plazo de seis meses y justo cuando se aprestaba a cancelar la primera cuota, cesa en operaciones.

El 8,24% de interés que entregaba para las pólizas de ahorro anuales, frente a un promedio del 3% del sistema en general, son otro reflejo. Pero estas medidas no fueron suficientes, el modelo que en su momento (2004-2006) dio resultados comenzó a fallar.

Acosta Burneo sostiene que lo que más perjudicó al banco fue la política financiera del Gobierno, la misma que ha venido aplicándose desde 2007 y ha contemplado restricciones, regulaciones de valores de los servicios y baja de cobro comisiones. "Hay que recordar que son las fuentes de ingresos más importantes para la banca".

El proceso de regularización del Banco Territorial inició en 2009 con inspecciones in situ y extra situ, indicó la exsuperintendenta de Bancos, Gloria Sabando.

El resultado fue la determinación de un importante deterioro del portafolio crediticio y una alta exposición al riesgo de liquidez, además de la deficiencia de provisiones de préstamos.

El programa para solventar las fallas encontradas en las inspecciones incluía la obligación de inyectar nuevo capital por parte de los principales accionistas.

Hasta junio de 2010 se cumplió completamente con este requisito, sin embargo, un nuevo aporte de fondos que debió entregarse hasta septiembre del mismo año no se concretó por completo. Entonces, la entidad solicitó a la autoridad de control una prórroga para cumplir con la diferencia, misma que se concedió.

Datos de la Superintendencia de Bancos afirman que hasta febrero, los accionistas contaban con $15 millones, dentro de un patrimonio total de $16 millones.

En cuanto al cumplimiento del aumento de provisiones, de abril a octubre de 2010 el banco acumuló alrededor de $3,5 millones. Con corte a diciembre de ese año, el programa se habría cumplido sin mayores novedades.

Sin embargo, dijo Sabando, es la actual autoridad la llamada a explicar si el programa se siguió concretando o qué ocurrió.

La exsuperintendenta dijo que este tipo de procesos suelen ser exitosos, citando el caso del Banco Centro Mundo, absorbido por la financiera Credife, filial de Banco Pichincha. Pero siempre es necesaria la voluntad de los actores del sistema para hacerse cargo de los activos de riesgo, sobre todo el portafolio crediticio. Esto sería uno de los factores que permitiría que el proceso de pago a los clientes con depósitos superiores a $31 mil se realice en un corto tiempo.

Sabando aseguró que al ser un banco pequeño, con un una representación baja dentro del sistema financiero (0,7%) no existe un riesgo para el país. Además explicó que con la cobertura del seguro de depósitos, el monto que queda por cubrir sería pequeño.

Sobre las inversiones de entidades públicas en el banco, Sabando dijo que tanto las personas naturales como las jurídicas tienen la posibilidad y la obligación de analizar en donde hacen sus inversiones. "Los índices del sistema financiero están a la luz pública".

Por ahora hay dos disposiciones concretas de la nueva administradora del banco. Una, es que los pensionistas del IESS podrán retirar sus haberes a través de las ventanillas del Instituto. Además podrán registrar su cuenta bancaria hasta el 12 de abril.

Por otro lado, las personas que tengan deudas con la entidad deberán cancelarlas en las oficinas del Banco del Pacífico, guardando los comprobantes de pago para hacer el descargo posterior. (NMCH-ABT)

Supuesto lavado de activos en la mira

A los tres días de la suspensión de operaciones, y mientras personal de la Superintendencia de Bancos intenta hacer una exclusión de pasivos y activos buenos para negociarlos, saltan a la luz pública supuestas irregularidades.

En Quito, el fiscal general de la nación, Galo Chiriboga, indicó que existen indicios de un posible caso de lavado de activos.

Estas declaraciones las registran los diarios El comercio y El Universo. Y son el resultado de investigaciones compartidas de la Fiscalía junto a la Superintendencia de Bancos y que por ende el delito sería "peculado bancario".

Algo similar confirmó el fiscal distrital del Guayas, Paúl Ponce. Previo a la audiencia pública del gerente general del Territorial, Fernando Sánchez Rodríguez, quien fue detenido la tarde del martes último.

Ello como resultado de una serie de indicios de responsabilidad penal que la Superintendencia de Bancos detectó en el interior de la entidad financiera.

Entre éstos se destaca una supuesta triangulación de compañías. Las mismas que -según Ponce- tenían cuenta en el mismo banco, sacaban dinero y al mismo tiempo era depositado en cuentas de accionistas.

Y que luego, los propios accionistas ingresaban nuevamente el dinero al Banco Territorial.

Ponce dijo que no todo terminaría allí, que también están en investigación algunas aportaciones con supuesto origen dudoso.

Por lo que de inmediato se inició instrucción fiscal en contra del gerente Fernando Sánchez Rodríguez.

Y además se ordenó una audiencia de formulación de cargos en contra de Pietro Francesco Zunino, principal accionista del banco.

Las irregularidades, según Solines, fueron detectadas la Junta Bancaria desde fines de febrero e inicios de marzo e inclusó el lunes último habrían implementado nuevas pruebas, las mismas que fueron notificadas inmediatamente a la Fiscalía.

Hasta el cierre de esta edición no se conocía sobre la aprehensión del accionista Zunino.

Ping-pong

"Se debe explicar por qué no se actuó antes"
Katiuska King, exministra de la Política Económica

¿El proceso seguido para suspender al Banco Territorial es técnicamente el indicado?

Es lo que establece la Ley de Instituciones Financieras, pero no necesariamente quiere decir que se tenían que esperar los tres años del programa de regularización para que el Superintendente o la Junta Bancaria tomen una decisión sobre el banco.

¿Debía este banco seguir abierto cuando el castigo a su cartera, por ejemplo, era 10 veces superior a lo permitido por la Super?

La Superintendencia en el año 2011 emitió dos informes contradictorios respecto a la pertinencia de que el Banco se mantuviera abierto. Al haberlo mantenido abierto se permitió que en los últimos meses los depósitos se incrementen.

¿Qué explicaciones tienen que dar las autoridades sobre su procedimiento en relación con las alertas que debieron enviar al mercado y a los cuenta ahorristas?

En primer lugar, qué hicieron y qué van a hacer para sancionar a los responsables del manejo del banco, sobretodo los accionistas, y evitar que se vayan del país como algunos ya lo hicieron en la crisis del año 99. Es cierto que es un banco pequeño, pero igual hay responsabilidades. Se debe explicar por qué no se actuó antes, quienes elaboraron los informes contradictorios y dónde falló el control de la "Super".

La Asamblea debería pedir cuentas y la Comisión de lo Económico debería estar mejor informada de lo que sucedió, si se actuó a tiempo o no y sobre todo qué personas e instituciones no van a recibir sus depósitos en 15 días.

¿No hubo una suerte de salvataje con este banco al permitirle seguir en actividades a pesar de que había señales claras de que era inviable?

Es una muestra de la falta de control y decisión oportunos. La palabra salvataje se emplea cuando se utilizaron recursos públicos para que un banco se mantenga funcionando, esto es algo que se tiene que verificar.

¿Se tenían que esperar los tres años reglamentarios, según la nueva legislación, antes de suspenderlo?

Se podía suspenderlo y declarar el cierre definitivo al momento en el que se hubiera visto que los indicadores se deterioraban, cuando los accionistas daban largas para capitalizar el banco o cuando se tenían dudas de la veracidad del balance presentado. Esa era potestad de la Junta Bancaria.

¿Debe el país estar tranquilo sobre la salud del sistema financiero o debe estar preocupado por la existencia de pequeños bancos y cooperativas que, de vez en cuando, ponen en jaque al sistema en su conjunto?

El sistema financiero tiene buena salud. Pero, por un lado, es importante hacer notar que la ciudadanía conozca del fondo de seguro de depósitos, cuáles depósitos sí están cubiertos, el monto máximo por depositante e institución financiera, pero también que tenga cuidado cuando le ofrecen altas tasas de interés para sus depósitos que podrían implicar un riesgo subyacente. Por otro lado, la existencia de pequeños bancos es parte de la hetegoneidad del sistema financiero que debe contar con alguna propuesta de política pública y política económica para mantener la confianza en el sistema, estableciendo, por ejemplo, nichos de acción a los bancos y a las cooperativas. Al ser bancos pequeños no se pone en jaque al sistema, pero se genera ruido. Tampoco se trata de solo tener bancos grandes sino de reducir la vulnerabilidad del sistema con instituciones sólidas. Si un banco está en problemas es responsabilidad del ente de control poner a disposición los balances bien revisados y las calificaciones del mismo.

¿Sabe usted cuáles son las instituciones públicas que retiraron sus fondos del Territorial después de 2009?

Puedo hablar de las insituciones coordinadas por el Ministerio Coordinador de la Política Económica entre abril del 2010 y octubre de 2011. Entiendo que el Banco Nacional de Fomento si desinvirtió cuando se dio la disposición. No sé si así lo hicieron la CFN o el BIESS luego de esa fecha.

¿Cuáles son las consecuencias para el país de que entidades públicas pudieran mantener hasta la fecha sus fondos en el Banco Territorial?

Que tendrían que esperar la prelación de pagos para recuperar esos recursos. Seguramente luego de vender los activos y realizar la cartera recibirán esos depósitos con un castigo. Ojalá se conozca este detalle, así como la autorización de la venta de Casa Tosi, que era accionista del banco.
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